Un informe del Banco Central reveló un rápido crecimiento del endeudamiento entre trabajadores de plataformas de reparto. La mayoría de estos trabajadores utiliza los créditos para mantener sus herramientas de trabajo y cubrir gastos cotidianos, en un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo.
El auge de las plataformas de delivery transformó la manera en que miles de argentinos trabajan, pero también profundizó una dinámica financiera que deja a los repartidores cada vez más atrapados: un número creciente recurre a préstamos ofrecidos por las mismas aplicaciones para las que realizan las entregas, muchas veces con condiciones que las propias organizaciones califican de usura.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) analizó este fenómeno y detectó un aumento significativo en la cantidad de trabajadoras y trabajadores dentro de la llamada «economía de plataformas» que acceden a financiamiento directo de estas apps. Durante 2025, se registró un incremento del 122% en la cantidad de deudores de este segmento, mostrando una mayor dependencia del crédito para sostener su actividad laboral.
A diferencia del sistema bancario tradicional, estas plataformas utilizan datos generados en la propia actividad del repartidor para evaluar su acceso a préstamos. Entre las variables consideradas están la antigüedad en la app, la cantidad de viajes realizados, el nivel de aceptación de pedidos y el historial de cumplimiento. De esta manera, eluden cualquier regulación financiera y construyen un perfil crediticio interno que las organizaciones gremiales consideran «un mecanismo de control y endeudamiento forzoso».
Este sistema permite que personas sin historial crediticio en bancos puedan obtener financiamiento casi de forma inmediata. Sin embargo, especialistas advierten que esta modalidad puede profundizar la dependencia económica hacia la empresa para la que trabajan, vulnerando aún más la autonomía de los repartidores.
Los fondos obtenidos suelen destinarse principalmente a la compra o reparación de bicicletas, motos, teléfonos celulares y otros elementos esenciales para continuar realizando repartos. También se utilizan para afrontar gastos personales o familiares, en un contexto económico desafiante que golpea con más fuerza a los sectores populares.
Organizaciones que representan a repartidores denuncian que muchos terminan pagando intereses muy altos y reclaman mayor regulación de estos créditos. Señalan que algunos préstamos presentan costos financieros mucho más elevados que los del sistema bancario tradicional, lo que agrava la precarización laboral en el sector.
Este fenómeno se da en paralelo a la expansión del trabajo mediante plataformas digitales en Argentina. La flexibilidad horaria y la facilidad para incorporarse al sistema convirtieron a estas apps en una alternativa laboral para miles, aunque permanecen los debates sobre las condiciones laborales, la protección social y el acceso a derechos. La falta de una regulación específica que garantice pisos mínimos de ingresos y cobertura social sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
El Banco Central mantiene la vigilancia sobre estos proveedores no bancarios de crédito y sigue de cerca la evolución del endeudamiento en este sector, que crece de manera constante y plantea nuevos desafíos para el sistema financiero nacional, mientras las organizaciones de trabajadores insisten en la necesidad de políticas públicas que frenen los abusos y garanticen condiciones dignas de trabajo.