En un operativo que vuelve a poner el foco sobre las gravísimas condiciones de explotación en el sector agrícola, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescató a siete personas que se encontraban sometidas a trabajo esclavo en campos frutihortícolas de Virrey del Pino, partido de La Matanza.
Como resultado del procedimiento, dos hermanos de nacionalidad argentina, de 65 y 68 años, fueron aprehendidos por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La investigación se había iniciado tiempo atrás a partir de las tareas de inteligencia desplegadas por el Departamento Trata de Personas, bajo la atenta supervisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, junto a la Secretaría N°9, encabezada por Mariana Sioli. Las pesquisas permitieron determinar la existencia de cuatro predios dedicados a la cosecha donde las víctimas, en su mayoría trabajadores rurales, vivían en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a servicios básicos y bajo un régimen de sometimiento que configuraba trabajo esclavo.
Con las pruebas obtenidas, el magistrado autorizó la realización de cuatro allanamientos simultáneos en las fincas señaladas. En los operativos, se sumó un equipo de contención psicológica y se utilizaron drones con vuelos rasantes para ubicar a las víctimas y garantizar su rápida protección.
Finalmente, se logró el rescate exitoso de las siete personas, quienes fueron inmediatamente puestas bajo resguardo. Asimismo, se secuestraron distintos elementos de interés para la causa.
Las víctimas quedaron bajo la protección del Programa de Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, un dispositivo que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y que prevé asistencia integral para superar los padecimientos sufridos. Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del juez interviniente, acusados de infringir la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Este nuevo caso evidencia la persistencia de modalidades de explotación que atentan contra los derechos humanos más básicos, y la necesidad de sostener políticas activas de prevención y sanción para erradicar estas prácticas aberrantes.