La provincia de Buenos Aires confirmó que continuará exigiendo la Verificación Técnica Vehicular (VTV) exclusivamente en plantas habilitadas por la administración provincial, a pesar de la reciente decisión del Gobierno nacional que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
Esta medida nacional, oficializada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, reabrió el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos con el fin de que talleres privados, concesionarias e importadores con ciertos requisitos técnicos puedan efectuar controles obligatorios de automóviles y otros vehículos.
Sin embargo, desde el gobierno bonaerense aclararon que la nueva normativa nacional no implica un cambio automático en las disposiciones provinciales. Señalaron que la VTV corresponde a competencias provinciales en seguridad vial y que el sistema vigente continuará bajo las mismas condiciones.
En este sentido, el Ministerio de Transporte de la provincia advirtió que quienes realicen la verificación técnica en talleres no autorizados por Buenos Aires podrían enfrentar multas y sanciones administrativas, ya que esos controles no serán válidos dentro de la jurisdicción.
La defensa del control estatal frente a la desregulación nacional
La reforma impulsada por la administración de Javier Milei busca ampliar la cantidad de prestadores y generar competencia con un sistema en el que los usuarios pueden optar por establecimientos privados inscriptos en el registro nacional para la inspección técnica de vehículos. Además, el nuevo esquema permite que los precios sean libres entre prestadores y usuarios y establece diferentes plazos para las inspecciones: los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar la primera revisión a los cinco años de patentamiento; aquellos con hasta diez años, tendrán controles cada dos años; y los vehículos más antiguos continuarán con verificaciones anuales.
El debate surge porque las provincias mantienen la facultad para regular los controles vehiculares en sus territorios, por lo que la aplicación de la reforma dependerá del grado de adhesión de cada distrito.
En la provincia de Buenos Aires, que cuenta con una de las flotas automotoras más grandes del país, las autoridades que conduce Axel Kicillof consideran que el sistema actual asegura los estándares de control y fiscalización necesarios para garantizar la seguridad vial de todos los bonaerenses. "La VTV corresponde a competencias provinciales en seguridad vial y el sistema vigente continuará bajo las mismas condiciones", señalaron desde el gobierno provincial, dejando en claro que priorizan la rigurosidad técnica por sobre la lógica de mercado que promueve la resolución nacional.
Así, mientras otros distritos analizan adoptar la nueva normativa nacional, en Buenos Aires los conductores deberán seguir realizando la VTV en las plantas oficiales para evitar sanciones y problemas con la validez de la inspección. La decisión de la gestión provincial refuerza el rol del Estado como garante de controles efectivos, evitando que la liberalización de precios y la dispersión de prestadores ponga en riesgo la verificación técnica obligatoria.
