Gremios docentes universitarios de todo el país anunciaron un paro nacional de una semana del 26 al 30 de mayo en reclamo de una mayor asignación presupuestaria y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, tras la reciente Marcha Federal Universitaria que reunió a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas.
La medida de fuerza fue definida como respuesta a la falta de convocatorias a negociaciones paritarias por parte del Gobierno nacional y al congelamiento de partidas presupuestarias esenciales para el funcionamiento de las universidades públicas.
Desde los sectores universitarios señalan que el atraso financiero ya repercute negativamente en actividades académicas, investigación, becas estudiantiles y el funcionamiento de hospitales universitarios. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las casas de estudio públicas experimentan una pérdida importante de recursos desde 2023, agravada por la inflación y la falta de actualización presupuestaria.
El núcleo del conflicto está vinculado a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y luego judicializada. Mientras que los actores universitarios exigen su implementación inmediata, el Ejecutivo advierte que cumplirla podría comprometer el equilibrio fiscal y la meta de déficit cero, cuestión que actualmente resolverá la Corte Suprema.
El reclamo obtuvo un amplio respaldo social durante la movilización del 12 de mayo, considerada una de las más concurridas en los últimos meses, con diversas actividades en defensa de la educación pública en diferentes ciudades del país. Los organizadores subrayan que la protesta no es sólo por cuestiones salariales sino por la preservación del sistema universitario.
Rectores y sindicatos coinciden en que la situación financiera se volvió crítica y alertan por dificultades para cubrir gastos operativos básicos, infraestructura y servicios esenciales. En algunas universidades hay complicaciones incluso para el mantenimiento pleno de hospitales y laboratorios.
Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que las universidades deben asegurar el dictado de clases y cuestiona la politización de las protestas. Los gremios advierten que la huelga continuará si no reciben respuestas concretas en las próximas semanas.
