En un paso clave por la transparencia y la justicia, la familia de Thiago Correa consiguió que el juicio contra el policía acusado por su muerte se realice de manera oral y pública, descartando cualquier salida abreviada que pudiera ocultar pruebas.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza fijó el inicio del debate para marzo de 2027, en una audiencia preliminar donde la querella reafirmó su postura de que el hecho debe ser juzgado con la máxima rigurosidad penal.
El caso, que conmocionó a la comunidad de Ciudad Evita, pone en el centro del debate la violencia institucional ejercida por miembros de fuerzas de seguridad. El policía federal Facundo Aguilar Fajardo está imputado por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa, además de lesiones graves y homicidio culposo, en concurso ideal.
La querella, representando a los padres de la víctima de apenas 7 años, sostiene que la carátula debe ser aún más severa: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de miembro de fuerza de seguridad del imputado, tal como tipifica el artículo 80 del Código Penal. Este enfoque busca sentar un precedente contra la impunidad de los abusos policiales, un flagelo que los discursos de mano dura suelen minimizar.
Fabián Correa, padre de Thiago, fue contundente sobre el objetivo de la lucha que emprendió: “El único interés es conseguir justicia”. Aclaró que no buscan venganza ni privilegios, sino que quienes tengan responsabilidad respondan personalmente y que la muerte de su hijo no quede impune, en una demanda que interpela a todo el sistema judicial.
El proceso continuará con audiencias preparatorias donde se definirán la lista de testigos, las cuestiones procesales y los acuerdos probatorios. La decisión de la familia de llevarlo a juicio oral y público fue celebrada por organizaciones de derechos humanos, que ven en este caso una oportunidad para visibilizar la necesidad de una reforma profunda en las fuerzas de seguridad, tan cuestionadas por sus prácticas violatorias de los derechos fundamentales.