La Justicia Federal dictaminó que el Gobierno nacional debe regularizar en un máximo de 72 horas los pagos correspondientes a prestaciones para personas con discapacidad.
El fallo, firmado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, responde a reclamos de entidades y prestadores que alertaron sobre demoras en los pagos, acumulación de deudas y serias dificultades para sostener servicios esenciales destinados a miles de beneficiarios.
Esta resolución compromete a organismos como el PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación, quienes tienen la responsabilidad de adoptar medidas inmediatas para garantizar la correcta operatividad del sistema y la continuidad en la provisión de prestaciones.
Se destacan servicios involucrados tales como los dirigidos a personas con pensiones no contributivas y aquellos relacionados con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El juez subrayó que cualquier interrupción o atraso podría vulnerar derechos fundamentales de una población especialmente vulnerable.
En ese sentido, se instó a las autoridades nacionales a implementar sin demora mecanismos que aseguren la provisión permanente de prestaciones médicas, terapéuticas, educativas y de transporte para este sector.
En días recientes, la problemática se agudizó ante la creciente voz de alerta de instituciones y profesionales que denunciaron la crisis económica que atraviesa el sector. Centros de atención y transportistas expresaron que los retrasos en los pagos dificultan cubrir salarios, combustible, alquileres y otros costos esenciales para mantener los servicios.
Organizaciones especializadas en discapacidad remarcaron que muchas familias dependen exclusivamente de estas prestaciones para acceder a tratamientos de rehabilitación, acompañamiento terapéutico y asistencia integral, evidenciando que cualquier suspensión afectaría directamente la salud y calidad de vida de los pacientes.
El fallo también destacó la obligación estatal de proteger el acceso a derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales, en especial la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a la legislación argentina, que establece el compromiso del Estado para garantizar condiciones de igualdad e inclusión.
Mientras tanto, prestadores y asociaciones persisten en sus reclamos de actualización de aranceles y la aplicación de mecanismos de pago más ágiles, señalando que la inflación y el crecimiento de costos han deteriorado la sustentabilidad financiera del sistema.
Este dictamen judicial se inscribe en el marco de tensiones entre el Gobierno y organizaciones vinculadas a la discapacidad, en un contexto de ajustes presupuestarios y demanda por políticas públicas que aseguren derechos esenciales.
