Las empresas de transporte de larga distancia confirmaron que continuarán otorgando pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores en tratamiento oncológico a pesar de la reciente eliminación del sistema de subsidios dispuesto por el Gobierno nacional.
La Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte oficializó el fin de las compensaciones económicas estatales que cubrían parcialmente el costo de estos boletos especiales. Desde el sector empresario señalaron que esta medida no modifica el derecho de acceso de los beneficiarios, aunque alertaron sobre el impacto económico debido a la falta de pagos oficiales desde diciembre de 2024, acumulando una deuda millonaria.
La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) indicó que, conforme a la normativa vigente, la gratuidad del servicio se mantiene sin cambios, pero lamentan la ausencia de los reintegros que permitían sostener estos beneficios instaurados por la Ley de Transporte y el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Este escenario se da en el marco de una política de desregulación del transporte automotor, promovida por el decreto 883/2024 del Gobierno nacional, que dejó de considerar el servicio de larga distancia como público, facilitando a las empresas la modificación de recorridos, frecuencias y tarifas.
No obstante, la obligación de garantizar pasajes gratuitos para personas con discapacidad sigue plenamente vigente por leyes nacionales y resoluciones judiciales, destacando el compromiso de organismos estatales como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que intensificó controles y aplicó sanciones a empresas que incumplen con la prestación.
Organizaciones vinculadas a los derechos humanos y la discapacidad manifestaron preocupación por la suspensión de las compensaciones estatales, temiendo que esto afecte la disponibilidad efectiva de lugares para los beneficiarios. Sin embargo, destacan que el derecho al pasaje gratuito permanece protegido como una conquista social fundamental.
Este contexto reafirma la necesidad que las gestiones kirchneristas y provinciales, como la de Axel Kicillof y Mayra Mendoza, sigan defendiendo y ampliando los derechos sociales y la protección de los sectores más vulnerables, frente a las políticas de corte liberal que intentan desmontar los logros en accesibilidad y empleo vinculados al transporte público y servicios esenciales.
