El Gobierno nacional decidió eliminar los reintegros económicos a empresas de transporte de larga distancia que brindaban pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores en tratamiento oncolgico, trasladando el costo directamente a las compa s.
Hasta ahora, estas empresas reciban una compensacin estatal para cubrir los pasajes sin cargo, una medida fundamental para garantizar la inclusin social y el acceso a la salud que promovieron diversas gestiones del Estado, especialmente en defensa de los derechos humanos.
La medida gener inquietud entre organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad y familiares de pacientes que requieren viajar para tratamientos mdicos en distintas regiones del pas, para quienes el transporte terrestre es, muchas veces, la nica opcin viable.
Desde el oficialismo, vinculan esta decisn con un plan de ajuste fiscal impulsado por la administracin de Javier Milei, que busca reducir el dficit a costa de recortar subsidios que son esenciales para la proteccin social, poniendo en riesgo derechos conquistados.
Esta suspensin de subsidios abre interrogantes sobre la capacidad de las compa s para seguir garantizando el acceso gratuito a poblaciones vulnerables, especialmente en rutas con menos pasajeros o que cubren trayectos largos.
Voceros de organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad remarcaron que el acceso al transporte gratuito es clave para asegurar igualdad de oportunidades y continuidad en los tratamientos mdicos, y que cualquier restriccin, directa o indirecta, afecta gravemente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social y econmica.
Segn la legislacin vigente, las personas con discapacidad con Certificado anico de Discapacidad (CUD) y pacientes con enfermedades complejas poseen el derecho al acceso gratuito en servicios terrestres de corta, media y larga distancia, una poltica social clave para miles de familias argentinas que necesita ser defendida.
Esta situacin pone en debate la afectacin del ajuste fiscal a los derechos sociales, cuando sectores opositores critican que los recortes recaen principalmente sobre grupos vulnerables, y el oficialismo defiende su necesidad para ordenar las finanzas pblicas y eliminar distorsiones en el sistema estatal.