El Juzgado de Garantías Número 3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del doctor Rubén Ochipinti, autorizó once allanamientos en establecimientos donde se atendía a pacientes y en farmacias que comercializaban medicamentos robados. Como resultado de los operativos, hay seis personas detenidas y se desbarató una peligrosa organización que lucraba con la salud de los vecinos.
La investigación comenzó tras la denuncia de una médica que sufrió el robo de su sello profesional y permitió desarticular una banda que robaba camiones con medicamentos para venderlos en farmacias ilegales y clínicas sin habilitación en las localidades de La Matanza y Ezeiza. Un entramado que pone en evidencia los riesgos de la desregulación en materia sanitaria cuando el afán de lucro se impone sobre el derecho a la salud.
Seis personas fueron detenidas mientras continúan las pesquisas sobre quienes atendían a los pacientes en estos establecimientos irregulares. La pesquisa estuvo a cargo de la División de Robo Organizado de la Policía Federal Argentina, con la intervención de la Unidad Fiscal Descentralizada Número 1 de Laferrere, del Departamento Judicial de La Matanza, conducida por el doctor Fernando Garate y con la secretaría del fiscal Francisco Veiga.
El juez Rubén Ochipinti autorizó once allanamientos en distintos sitios donde se prestaban servicios médicos y en farmacias que distribuían los medicamentos de procedencia ilícita. Los allanamientos se realizaron en trece inmuebles ubicados en La Matanza y Ezeiza, donde se detuvo a los seis sospechosos y se secuestró material relevante para la causa.
Se comprobó que la banda, tras robar camiones con medicamentos, abastecía a farmacias y clínicas clandestinas y utilizaba el dinero obtenido para comprar ambulancias sin habilitación y equipar estos centros de salud, que también están bajo investigación. Un circuito comercial que operaba al margen de toda regulación estatal.
Además, se identificó a más de 50 médicos perjudicados por el robo de sus sellos profesionales, que eran utilizados para generar órdenes de medicamentos y estudios de manera fraudulenta. La denuncia fue presentada por la médica Robina Neira, quien detectó que su matrícula era empleada para maniobras ilegales. Su valiente denuncia permitió a las autoridades descubrir el funcionamiento de esta red en la provincia de Buenos Aires.
Los detenidos están imputados por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Asimismo, podrían sumarse cargos por estafa según las denuncias de pacientes que fueron atendidos por falsos médicos en estos centros sin habilitación.
En estos lugares se realizaban radiografías de tórax, columna cervical, dorsal, lumbar y de miembros inferiores y superiores, entre otras prácticas, utilizando vehículos sin habilitación para el traslado de pacientes. Los servicios que ofrecía la organización, bajo el nombre Argentina Salud, incluían "traslados a todo el país, atención domiciliaria las 24 horas, atención médica permanente, médico clínico y médico pediatra" en sus sucursales.
