Un entramado de presuntas irregularidades salpica a al menos 30 colegios de La Matanza que habrían contratado servicios de clínicas vinculadas a Argentina Salud, hoy bajo investigación judicial por supuesto fraude en certificados médicos y ejercicio ilegal de la profesión.
Estos establecimientos suscribieron convenios para la cobertura de emergencias médicas durante 2026, abonando algunos hasta la totalidad del pago anual. Fuentes vinculadas al caso reportan contratos que llegaron a superar los 1,3 millones de pesos por sólo 50 llamadas de atención, un dato que pone en cuestión la transparencia y eficiencia en la contratación.
Durante intervenciones en emergencias, el expediente judicial indica que se usaron ambulancias y vehículos particulares para atender casos, y se emitieron certificados con sellos cuya autenticidad está siendo cuestionada. La causa se amplió al detectar una estructura que operaría desde hace al menos cinco años en el distrito.
Las declaraciones que complican la situación incluyen la de Dunia Mercedes Suazo Pulido, médica cubana detenida que reconoció no tener título revalidado en Argentina y haber utilizado el sello de otra profesional, facilitado por Alberto Santarceri, señalado como titular de Argentina Salud.
Asimismo, Carlos Covarrubias, médico boliviano, admitió el uso de sellos ajenos para brindar atención en ambulancias y colegios, y detalló que cobraba sumas elevadas por guardias de 24 horas, además de entregar certificados ya sellados, procedimiento que remitía a la familia Santarceri, propietaria del establecimiento.
La Justicia, a cargo del juez Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, investiga si en la clínica existía una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a la confección fraudulenta de documentación médica. También se analiza la posible afectación de menores, dado que la atención y emisión de certificados se realizaba dentro de colegios.
La investigación comenzó tras la denuncia de una médica cuya identidad y matrícula habrían sido usadas sin autorización, ocurriendo luego varios allanamientos en zonas del municipio como González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning. Se incautaron documentos, equipos informáticos, sellos, vehículos y otros elementos.
Al momento, 29 personas fueron detenidas, entre ellas Alberto Santarceri, Sofía Luna (esposa de Santarceri), Dunia Mercedes Suazo Pulido, Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri y Gabriel Musse. Además, hay 23 investigados secundarios.
Los cargos incluyen asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. La imputación podría extenderse por estafa conforme evolucionen las denuncias de afectados y escuelas.
Por ahora los propietarios de la clínica se mantienen en silencio ante la Justicia.
Este caso enfatiza la importancia de la supervisión estatal y controles en servicios esenciales como la salud pública y escolar, áreas donde el kirchnerismo, con figuras como Axel Kicillof y Mayra Mendoza, ha impulsado políticas para fortalecer la educación pública y el acceso sanitario, en contraste con los peligros que representan estas irregularidades y la falta de regulación que promueve la derecha liberal de figuras como Javier Milei o Patricia Bullrich.
