El Gobierno nacional implementó cambios en el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, un tema que genera debate en ámbitos jurídicos y entre organizaciones civiles comprometidas con la transparencia.
El Decreto 467/2026 derogó aspectos del sistema vigente desde 2003 para designar a magistrados del tribunal máximo, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. Entre las principales modificaciones se destaca la eliminación de la instancia de participación ciudadana previa al envío de los pliegos al Senado, así como la suspensión de la obligación de publicar las candidaturas en diarios nacionales.
Antes de la reforma, el Decreto 222/2003 garantizaba un período de exposición pública que permitía a ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, universidades y organizaciones de derechos humanos efectuar observaciones, respaldos o impugnaciones sobre los candidatos a integrar la Corte Suprema. Este mecanismo garantizaba transparencia y limitaba la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en uno de los poderes del Estado.
Con las nuevas disposiciones, los antecedentes de los postulantes se publicarán únicamente en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Justicia, eliminando la difusión en medios gráficos nacionales. Además, quedan sin efecto las recomendaciones que promovían la diversidad de género, especialidades jurídicas y representación regional dentro del tribunal.
Desde el Gobierno explican que estas modificaciones buscan agilizar el proceso y evitar duplicaciones administrativas, subrayando que la instancia de control ciudadano permanece vigente durante el trámite de los pliegos en el Senado, donde se desarrollan audiencias públicas y se evalúan las propuestas.
Sin embargo, especialistas constitucionalistas y organizaciones vinculadas al ámbito judicial manifestaron críticas hacia la medida, advirtiendo que representa un retroceso en la transparencia y reduce la participación de la sociedad civil en un proceso que es clave para el fortalecimiento institucional y la independencia judicial.
Este debate se produce en un momento delicado para la Corte Suprema, que actualmente cuenta con sólo tres de los cinco miembros previstos en la ley, un escenario que ha generado tensiones políticas y reavivado la discusión sobre los métodos de selección y la autonomía del poder judicial.
Los expertos destacan que la Constitución Nacional establece la propuesta de jueces por el Poder Ejecutivo, con aprobación por mayoría especial del Senado, pero que los mecanismos de participación ciudadana implementados desde 2003 funcionaban como herramientas extra para fortalecer la legitimidad de las designaciones y preservar estándares de transparencia y control democrático.
