La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar el programa Volver al Trabajo desató una contundente respuesta de movimientos sociales, organizaciones de la economía popular y centrales sindicales, que anunciaron un plan de lucha nacional con movilizaciones, piquetes y una marcha federal en defensa de la asistencia a los sectores más vulnerables.
El fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dejó sin efecto la protección cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener los pagos, dio luz verde al Poder Ejecutivo para cerrar definitivamente el Volver al Trabajo. La medida impacta de lleno en 900.000 beneficiarios que dependían de ese ingreso mensual para cubrir sus necesidades básicas, y generó el inmediato llamado a protestas en todo el territorio nacional.
Reunidos de urgencia, los referentes de las organizaciones de la economía popular definieron un cronograma de protestas que incluirá cortes de calles y rutas, movilizaciones en distintas provincias y una gran marcha federal que confluirá en la Capital Federal. Exigen que el Gobierno nacional dé marcha atrás con el cierre y brinde respuestas concretas sobre el futuro de las familias que hasta ahora recibían la prestación.
Con el aval de la Justicia, la administración de Milei podrá discontinuar los pagos a partir de agosto. Como reemplazo, el Ministerio de Capital Humano propone un sistema de vouchers para capacitación laboral, una iniciativa que, según fuentes oficiales, busca fomentar la empleabilidad. Sin embargo, los sectores afectados consideran que se trata de una salida que no contempla la urgencia alimentaria ni las necesidades básicas de las familias, en un contexto donde el empleo formal escasea.
Las organizaciones sociales advierten que la eliminación del programa dejará a 900.000 personas sin ningún tipo de ingreso mensual directo. Denuncian que los vouchers prometidos no representan una cobertura económica equivalente y subrayan que la pérdida del beneficio condena a miles de hogares a una situación de extrema vulnerabilidad, justo cuando la inflación y la recesión golpean con más fuerza a los sectores populares.
El plan de lucha sumó rápidamente el respaldo de sectores mayoritarios de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de ambas Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), que en las últimas semanas vienen confluyendo en un frente común contra lo que califican como un ajuste salvaje que recae sobre los trabajadores y los más humildes.
Además del restablecimiento del Volver al Trabajo, los movimientos reclaman la urgente actualización del Salario Social Complementario —congelado pese a la escalada de precios—, la continuidad de las políticas de integración socio‑urbana en barrios populares y la reactivación de las obras de infraestructura social que permanecen paralizadas en distintas regiones del país. “Hasta que no haya alternativas laborales reales, el Estado no puede abandonar a quienes más lo necesitan”, sostienen desde las organizaciones.
Con la promesa de una escalada de protestas, el escenario para las próximas semanas anticipa cortes de tránsito, acampes y una pulseada con el oficialismo que elevará la temperatura en las calles y en el debate público sobre los alcances del ajuste en materia social.