El 20,17% de los deudores provinciales registra pagos atrasados, lo que equivale a 1,84 millones de bonaerenses con obligaciones vencidas por un monto estimado de $6,49 billones.
Los datos surgen de un relevamiento del Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert sobre créditos bancarios y de empresas financieras. El informe revela diferencias significativas entre los municipios de la provincia, con un patrón claro: los distritos del Conurbano bonaerense son los que presentan los niveles más altos de atraso en los pagos.
José C. Paz encabeza el ranking con una tasa de mora del 32,86%, seguido por Presidente Perón (32,73%) y Florencio Varela (32,48%). También superan el promedio provincial Malvinas Argentinas, San Vicente, Ezeiza, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría y Berazategui. Todos son municipios con alta densidad poblacional y necesidades sociales postergadas, lo que refuerza la relación entre la vulnerabilidad económica y la imposibilidad de cumplir con las obligaciones crediticias.
La radiografía por edad es contundente: los jóvenes son el segmento más afectado. En José C. Paz, el 46,17% de los deudores menores de 25 años está en mora, un porcentaje que duplica el promedio general de ese distrito. Esta situación no solo compromete el presente de miles de familias, sino que hipoteca el futuro de los más jóvenes, que ven limitado el acceso a nuevos créditos y, con ello, a oportunidades de desarrollo personal y laboral.
El crecimiento de los atrasos limita el acceso a nuevos préstamos y refleja las dificultades familiares para afrontar tarjetas, créditos personales y financiaciones digitales. Detrás de cada número hay una historia concreta: la de un trabajador que no llega a fin de mes, la de una familia que recurre a la financiación para cubrir gastos básicos y la de un joven que recién inicia su vida financiera con deudas que no puede pagar.
La mora no es solo un indicador financiero: es la cara visible de la presión económica que atraviesan los hogares bonaerenses. Mientras los índices más altos se concentran en los municipios más postergados, el sistema financiero sigue mostrando una lógica excluyente que castiga a quienes menos tienen. En lugar de facilitar la inclusión, muchas entidades profundizan la exclusión con tasas y comisiones que asfixian a los deudores.
La situación reclama políticas públicas que protejan a los consumidores y promuevan la educación financiera. También exige un debate serio sobre la necesidad de un mercado de crédito más justo, que no convierta la necesidad en una trampa. Los datos del Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ebert son un llamado de atención para las autoridades y la sociedad en su conjunto: la deuda no es un problema individual, sino un problema colectivo que requiere soluciones estructurales.