En un paso clave para la soberanía territorial y la protección ambiental, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, oficializó el Decreto N° 1.517/2026, que establece un régimen de permisos de uso y tenencia precaria sobre las islas de dominio público del litoral fluvial bonaerense, el litoral marítimo y la Isla Martín García.
La norma prohíbe la venta de tierras, exige sustentabilidad ambiental en los humedales y crea un registro centralizado. Se trata de una medida que apunta a regularizar las ocupaciones de hecho históricas y garantizar la conservación del ecosistema, sin alterar la titularidad del Estado ni el carácter inalienable de las tierras.
En concordancia con el Código Civil y Comercial de la Nación, el decreto ratifica que los terrenos insulares pertenecen al dominio público y no pueden ser vendidos ni privatizados. En consecuencia, la administración provincial otorgará permisos temporales con fines específicos. Esos permisos tendrán carácter precario y podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia, sin derecho a indemnización.
Esta decisión refuerza el rol del Estado como administrador de los bienes comunes, evitando cualquier tipo de apropiación privada sobre áreas de alto valor ecológico como los humedales del Delta. La protección de estos ecosistemas es fundamental para la biodiversidad y para la regulación del ciclo del agua, un patrimonio que debe ser cuidado para las generaciones futuras.
Registro centralizado y gestión ambiental
Uno de los ejes centrales de la reglamentación es la creación del Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno.
El nuevo organismo absorbe y reemplaza al antiguo Registro del Delta, creado en 2020, y amplía su jurisdicción a todas las islas del territorio provincial. Esto significa una actualización y una mayor capacidad de control para la planificación territorial y la fiscalización de los usos permitidos.
Entre los aspectos principales de la normativa se destacan:
- Sustentabilidad ambiental: los permisos de uso estarán condicionados a actividades compatibles con la protección de la biodiversidad y la preservación de los humedales.
- Fiscalización: centralización de datos para el relevamiento de ocupantes, planificación territorial y cobro de cánones de uso.
- Regularización de ocupaciones: proceso de ordenamiento administrativo para pobladores y emprendimientos existentes bajo pautas claras de conservación.
Como próxima etapa de implementación, el Ministerio de Gobierno dictará la resolución complementaria con el procedimiento administrativo correspondiente y pondrá en funcionamiento una Mesa de Entrada Digital para gestionar los trámites de manera remota. Esta herramienta facilitará el acceso de los ciudadanos a los procesos de regularización, garantizando transparencia y eficiencia.
Con esta iniciativa, la provincia de Buenos Aires da un paso adelante en la gestión sustentable de sus recursos naturales, reafirmando el compromiso con el desarrollo territorial y la justicia ambiental. La medida se enmarca en una serie de políticas públicas impulsadas por el gobernador Kicillof para fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio bonaerense.