La Justicia provincial dio marcha atrás con los aumentos en las tarifas eléctricas que el gobierno bonaerense aplicó desde agosto. Una medida cautelar dejó sin efecto la suba y ordenó a las distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN volver al cuadro tarifario anterior. La decisión se conoce en medio de un escenario de incrementos en los servicios que golpea a los hogares bonaerenses.
El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo provincial. La resolución suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que había actualizado el componente provincial del servicio. La causa se inició a partir del cuestionamiento al mecanismo elegido por la gestión provincial para actualizar los valores de la luz.
De esta manera, los usuarios de las cuatro compañías alcanzadas deberían ver en su próxima factura la aplicación del esquema previo y, además, un saldo a favor por las diferencias que ya fueron cobradas desde el 1° de agosto. El juez ordenó acreditar esos montos en la próxima liquidación.
La suspensión se mantendrá mientras se tramite el expediente de fondo, salvo que una instancia superior decida modificarla. Las empresas, en tanto, ya están obligadas a adecuar su facturación a lo resuelto.
El eje del conflicto es la actualización del Valor Agregado de Distribución. La Provincia sostuvo que el método tarifario ya había sido debatido con anterioridad, pero el juez consideró que esa instancia de participación era vieja: la última audiencia pública se realizó en 2016. Para el magistrado, la falta de una nueva convocatoria fue determinante para frenar la suba.
La medida no alcanza a Edenor ni a Edesur, que no fueron incluidas en la presentación judicial. Tampoco congela el precio mayorista nacional de la energía ni elimina todos los cargos de la boleta: el alcance se limita a los componentes provinciales que estaban en discusión.
La presentación de la Defensoría del Pueblo provincial fue clave para destrabar el conflicto, ya que puso en primer plano la necesidad de garantizar la participación ciudadana en las definiciones tarifarias. El organismo había cuestionado la falta de audiencia pública y la Justicia le dio la razón al suspender el aumento.
En este contexto, se recomienda a los usuarios de las distribuidoras alcanzadas revisar la próxima liquidación para controlar que se aplique el cuadro ordenado por la Justicia y que el crédito por las diferencias ya percibidas aparezca debitado correctamente.