La provincia de Buenos Aires dio un paso clave en la lucha contra la trata de personas al adherir a la guía nacional elaborada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La decisión, formalizada por el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 1664/2026 publicado en el Boletín Oficial bonaerense, establece un protocolo de actuación inmediata ante la desaparición de personas que pudiera estar vinculada a este delito.
Uno de los ejes centrales de la medida es la eliminación de cualquier plazo de espera para radicar la denuncia. A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, las fuerzas de seguridad provinciales deberán iniciar la investigación de manera inmediata, en línea con lo que marca el sentido común y la experiencia internacional: las primeras horas son fundamentales para dar con el paradero de una persona. La lógica detrás de esta disposición es clara: en los primeros momentos posteriores a una desaparición, las posibilidades de encontrar a la persona con vida son significativamente mayores.
La guía aprobada también incorpora una serie de indicadores que pueden encender las alarmas sobre un posible caso de trata. Entre ellos se destacan las ofertas laborales engañosas difundidas a través de redes sociales, las relaciones afectivas utilizadas como mecanismo de captación, la retención de documentación, el control de las comunicaciones y las deudas impuestas a las víctimas. Estos indicadores no son taxativos, sino que funcionan como señales de alerta para que los efectores de seguridad y otros actores involucrados puedan identificar situaciones de riesgo y actuar en consecuencia.
Con la adhesión, la provincia se comprometió a difundir estas pautas entre las fuerzas policiales y los organismos competentes, y a promover instancias de capacitación y coordinación institucional. El convenio, que tendrá una vigencia inicial de dos años con prórroga automática, forma parte de una estrategia más amplia que incluye el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de las Policías Bonaerenses en la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, creado en septiembre pasado.
De esta manera, la gestión de Axel Kicillof continúa profundizando las herramientas estatales para enfrentar una problemática que vulnera los derechos humanos y que exige una respuesta coordinada entre Nación y Provincia. La decisión publicada este martes no solo actualiza los protocolos de investigación, sino que envía una señal clara sobre la prioridad que el gobierno provincial le asigna a la protección de las víctimas y a la persecución de las redes de trata.