Unos 80 intendentes de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente el 60% del total, podrían quedar inhabilitados para competir en las elecciones de 2027 debido a la normativa que limita las reelecciones consecutivas. La mayoría de los dirigentes alcanzados pertenecen a Unión por la Patria, aunque también hay intendentes de la Unión Cívica Radical, del PRO, fuerzas vecinales e incluso de La Libertad Avanza que se verían afectados. El tema vuelve al centro del debate a poco más de un año del inicio del proceso electoral que concluirá con los comicios provinciales y municipales.
La restricción proviene de la Ley Provincial Nº 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que impone un límite de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. En 2021, en un contexto de fuerte discusión política, se modificó esa ley para redefinir desde qué mandato se comenzaba a contar el límite, lo que posibilitó que varios intendentes compitieran nuevamente en 2023.
Con las elecciones de 2027 en el horizonte, los intendentes de distintos espacios políticos buscan alternativas para evitar quedar impedidos de presentarse otra vez. Entre las opciones que se están evaluando cuentan una reforma legislativa que modifique la ley actual o la presentación de recursos judiciales para cuestionar la constitucionalidad de las restricciones.
La cuestión genera discusiones dentro de los propios espacios políticos: unos defienden que limitar las reelecciones contribuye a la renovación institucional y evita la concentración prolongada del poder local; otros argumentan que debe primar la voluntad popular expresada en el voto sin restricciones legales adicionales. El debate no es nuevo, pero la cercanía del cierre de listas le imprime una urgencia inédita.
Hasta ahora, los proyectos para reformar la normativa no han avanzado en la Legislatura bonaerense por falta de consenso. Sin embargo, la proximidad del calendario electoral aumenta la presión para que los legisladores definan el futuro del régimen antes del vencimiento de los plazos administrativos. Si no se logra un acuerdo, muchos intendentes deberán preparar su salida o explorar la vía judicial.
En caso de que no se modifique la ley, varios intendentes barajan la posibilidad de recurrir a la Justicia para obtener una interpretación que les permita competir. Eso podría derivar en un nuevo capítulo judicial sobre los límites de las reelecciones en la provincia, con consecuencias institucionales aún difíciles de prever.
