El Gobierno de Javier Milei solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas urgentes para detener la explotación petrolera de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación, realizada este martes 13 de octubre, impugna las actividades autorizadas por el Reino Unido en una zona cuya soberanía reclama la Argentina.
El planteo se formalizó una vez vencido el plazo de 14 días que la Argentina había fijado para que las autoridades británicas frenaran el proyecto. Ante la negativa de Londres, la Cancillería pidió medidas provisionales que podrían suspender las operaciones mientras se desarrolla un arbitraje internacional.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La operación está a cargo de la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. La primera etapa contempla perforar 11 pozos submarinos durante 2027 y comenzar la producción comercial en el primer trimestre de 2028.
La Argentina basó su solicitud en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sostuvo que busca resguardar sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental. Para el Gobierno, las autorizaciones británicas son unilaterales y vulneran los derechos soberanos argentinos. El Reino Unido, por su parte, afirma que las actividades cumplen con la legislación aplicable y el derecho internacional.
El Tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, deberá resolver si corresponde ordenar medidas urgentes. No se informó una fecha oficial para la decisión, aunque los antecedentes permiten estimar que podría haber un primer pronunciamiento durante noviembre. La presentación argentina no suspende por sí sola las actividades petroleras.