Tras la sanción en el Senado Bonaerense de una ley que establece mecanismos para regular el uso de celulares en las escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires, desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AIEPA) marcaron posición: cada institución debe poder definir su propia regulación, pero con el respaldo legal correspondiente.
“Cada institución educativa debe tener la posibilidad de decidir de manera autónoma”, plantearon desde la entidad que nuclea a los colegios privados. La sanción de la norma, que fija criterios para restringir pantallas y dispositivos en las aulas, abrió el debate sobre cómo aplicar la medida sin perder de vista la realidad de cada establecimiento.
La discusión llegó al Senado Bonaerense, que dio luz verde a una ley que establece mecanismos para regular el uso de celulares en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Desde AIEPA, la asociación que agrupa a las escuelas privadas, señalaron que el debate recién comienza y que la implementación deberá contemplar las particularidades de cada comunidad educativa. En ese sentido, remarcaron la importancia de que la norma no limite la capacidad de decisión de los equipos directivos ni de los docentes a la hora de acompañar los procesos de aprendizaje y el uso responsable de las pantallas.
La iniciativa bonaerense se inscribe en un debate más amplio que atraviesa a todo el país: cómo acompañar a las infancias y juventudes en un contexto de creciente digitalización. Desde la AIEPA insistieron en que la regulación no debe pensarse como una prohibición absoluta, sino como una herramienta pedagógica más, que requiere de acuerdos institucionales y del compromiso de todos los actores involucrados.
En declaraciones recogidas durante el encuentro, los referentes de las escuelas privadas advirtieron que “cada institución educativa debe tener la posibilidad de decidir de manera autónoma”, y pidieron que el marco legal acompañe esa autonomía. También subrayaron la necesidad de que la Provincia de Buenos Aires brinde recursos y lineamientos claros para que la medida pueda aplicarse sin generar conflictos ni superposiciones normativas.
La normativa sancionada establece mecanismos generales, pero deja abierta la puerta a que cada establecimiento defina su propio reglamento interno. Desde la AIEPA consideran que esa flexibilidad es clave para que la medida funcione, aunque advierten que sin un piso legal común se corre el riesgo de que las decisiones queden libradas a la interpretación de cada escuela, con la consecuente inseguridad jurídica para directivos y docentes.
El debate sobre el uso de celulares en las aulas no es nuevo, pero cobró fuerza en los últimos años a partir del aumento de la conectividad y el acceso a dispositivos. La ley provincial apunta a ordenar ese escenario, aunque el camino hacia un acuerdo definitivo todavía requiere de mayor precisión en aspectos como la formación docente, la infraestructura tecnológica y los protocolos de intervención ante situaciones complejas.
Por eso, desde la AIEPA consideran que la reglamentación de la ley será clave. “Necesitamos respaldo legal para que cada escuela pueda tomar la mejor decisión para sus estudiantes”, sintetizaron. La entidad se mostró expectante ante los pasos siguientes y confió en que el Ejecutivo provincial convoque a las asociaciones educativas para construir un marco de implementación participativo y consensuado.
El desafío, coinciden, es garantizar que la tecnología esté al servicio de la enseñanza y no se convierta en un obstáculo. Por eso, más allá de la norma, la clave estará en el trabajo diario dentro de las aulas y en el acompañamiento de las familias. La AIEPA anticipó que acompañará el debate y que buscará aportar la experiencia de las escuelas privadas para enriquecer una discusión que recién empieza.
