El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el vaciamiento del Estado y la entrega de los recursos públicos al capital concentrado al habilitar la oferta de un consorcio privado por AySA, que plantea desembolsar US$340 millones para quedarse con una empresa estratégica. La cifra, que no se condice con el valor real de la compañía ni con la importancia del agua como derecho humano, llega en un contexto de ajuste y recortes en las partidas sociales, lo que evidencia una vez más la lógica especulativa del modelo. Mientras las provincias son ahogadas por el Gobierno, el negocio queda en manos de los de siempre, profundizando la desigualdad y poniendo en riesgo el acceso al agua para las mayorías populares.







