Por Redacción —
En un esfuerzo por fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la provincia de Buenos Aires sancionó y promulgó la Ley 15.589, que prohíbe el ingreso a casinos, bingos y otras salas de juegos de azar a quienes estén registrados como deudores alimentarios morosos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).
Esta legislación, aprobada recientemente por la Legislatura bonaerense tras haber sido propuesta por el diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Di Césare, busca priorizar y asegurar el cumplimiento de las cuotas alimentarias, dando especial énfasis a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el artículo primero, queda explícitamente prohibido el ingreso a los establecimientos de juego para las personas que aparezcan en el RDAM. El artículo segundo remite a la definición prevista en la Ley 13.074 y sus modificaciones, que consideran como deudores alimentarios a aquellos que estén en mora por al menos tres cuotas consecutivas o cinco cuotas alternadas, conforme a lo establecido por la Justicia bonaerense.
La norma también encomienda al Poder Ejecutivo provincial asegurar a los operadores y concesionarios de casinos, bingos y salas de juego el acceso directo al RDAM, con el propósito de facilitar la verificación previa de cada persona que desee ingresar.
Así mismo, los titulares y responsables de dichos establecimientos deberán efectuar la consulta del registro antes de permitir el acceso, negándolo cuando una persona figure en el registro mencionado.
En caso de no cumplirse estas disposiciones, la ley contempla sanciones que oscilan entre apercibimientos hasta multas que varían desde los 10 hasta los 100 salarios mínimos, vitales y móviles, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la infracción. La autoridad encargada de aplicar y supervisar la ley será designada por el Poder Ejecutivo provincial, quien también tendrá la responsabilidad de controlar su cumplimiento efectivo.
Esta iniciativa constituye un paso significativo dentro del kicillofismo para fortalecer las políticas sociales destinadas a garantizar los derechos alimentarios y la responsabilidad parental en la provincia.
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