Kicillof consigue que la AFA dependa oficialmente de la Provincia de Buenos Aires

En una decisión administrativa que combina aspectos políticos y deportivos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha realizado un cambio jurídico estratégico al mudar su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) oficializó este traslado, lo que implica que la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia deja de estar bajo el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional para quedar bajo la supervisión exclusiva del gobierno de Axel Kicillof.

Este trámite, que la administración bonaerense completó con gran rapidez, se sustenta en una reforma estatutaria aprobada por la AFA en octubre de 2024. A partir de ahora, el domicilio legal de la entidad pasa a estar en la calle Mercedes 1366, partido de Pilar, manteniendo sin embargo su sede deportiva en el Predio "Lionel Andrés Messi" de Ezeiza.

Con esta modificación, la DPPJ bonaerense se convierte en el único organismo con facultad de control sobre la AFA, dejando sin efecto cualquier intervención de la IGJ a nivel nacional.

Es importante destacar el trasfondo político de esta maniobra. Horas antes, la IGJ, dirigida por Daniel Vítolo y con vínculos con Javier Milei, había solicitado la designación de veedores para analizar los balances financieros de la AFA. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires actuó con rapidez: al inscribirse el cambio de domicilio, la IGJ perdió toda capacidad legal para supervisar a la organización.

La justificación bonaerense se fundamenta en los artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional, argumentando que aceptar un doble control violaría el principio federal que rige el país.

Así, con la AFA establecida en territorio bonaerense, cualquier conflicto societario, la revisión de elecciones o la supervisión de las asambleas deberá tramitarse en La Plata. Esto otorga a Kicillof una influencia inédita sobre la institución más influyente dentro del deporte argentino, especialmente en un momento donde el Gobierno Nacional impulsa la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que tanto Tapia como Kicillof rechazan con firmeza.

De este modo, la AFA fortalece su autonomía institucional frente a la Casa Rosada, eligiendo como su nuevo "garante" a una provincia que se ha consolidado como el principal bastión de resistencia ante las políticas de desregulación impulsadas por Milei.