Por Redacción —
La conectividad vial en la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los períodos más complejos en décadas. Un detallado estudio realizado por la FEPEVINA (Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional) evidenció que la carencia de mantenimiento en las rutas no responde a faltas presupuestarias, sino a una decisión política que ha conducido al desfinanciamiento sistemático. Actualmente, el 70% de las calzadas se encuentran en estado de deterioro, transformando estos corredores viales en impedimentos para el desarrollo productivo y amenazas constantes para la seguridad vial.
El estudio técnico se enfoca en tres rutas nacionales que resultan vitales para la provincia y el país. La Ruta Nacional 5 (Luján – La Pampa) constituye un ejemplo preocupante: a pesar de contar con fondos internacionales, el tramo Mercedes–Suipacha registra congestionamientos severos y velocidades limitadas, debido a la parálisis en la ejecución de la autovía. Esta situación eleva los costos logísticos y aumenta el riesgo de accidentes frontales.
Por otro lado, la Ruta Nacional 7 (Conexión al Oeste), que forma parte del corredor bioceánico, presenta profundos ahuellamientos y grietas estructurales. El tránsito pesado constante sin una base adecuada acelera el deterioro, calificándolo como una situación crítica.
Finalmente, la Ruta Nacional 3 (Acceso a Puertos) —vía esencial para la salida de la producción agrícola— muestra calzadas estrechas, banquinas deterioradas y una señalización insuficiente, circunstancias que generan un riesgo elevado, especialmente durante los desplazamientos nocturnos.
El informe denuncia, de manera contundente, la gestión inadecuada de los fondos públicos. Según el documento, en los años 2024 y 2025 se subejecutó más del 50% de las partidas presupuestarias asignadas. “No es una cuestión de falta de recursos, sino de una decisión política de no invertir. Incluso los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse exclusivamente a las vías, están siendo desviados para otros usos”, advierte el reporte.
Además de la falta de inversiones, el debilitamiento institucional agrava el panorama: Vialidad Nacional ha perdido más de 800 trabajadores especializados, reduciendo la capacidad operativa estatal para responder a emergencias y realizar controles y auditorías de obras.
Para la provincia de Buenos Aires, este abandono se traduce en un fuerte impacto negativo en su competitividad. La precariedad vial no solo genera inconvenientes vehiculares; también implica la ocurrencia de muertes prevenibles que podrían evitarse con una mínima inversión en mantenimiento preventivo.
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