Por Redacción —
En el municipio de 25 de Mayo, bajo la gestión del intendente Ramiro Egüen, varios concejales de la UCR, Juntos por el Cambio, Evolución Radical y PRO están preparando un proyecto para la próxima sesión del Concejo Deliberante con el fin de establecer una Fiscalía Descentralizada en la localidad. La propuesta también contempla la creación de la Casa de la Justicia y busca resolver la controversia generada en torno a la Ayudantía Fiscal. Esta iniciativa ha provocado reacciones encontradas desde el ámbito político y judicial.
El concejal radical Julián Burgos aclaró que “la Ayudantía no será cerrada, sino que su lugar de atención podrá ser reubicado”, enfatizando que esta dependencia pertenece a la Provincia de Buenos Aires y no al municipio. Esta situación se originó luego de que el intendente Egüen decidiera suspender el pago del alquiler del inmueble donde funcionaba la Ayudantía.
El concejal Burgos agregó que, hace más de un año, el intendente Egüen solicitó al Procurador General de la Provincia la conversión de la Ayudantía en una Fiscalía y la apertura de una Casa de Justicia. El actual proyecto de resolución respalda estas gestiones y propone ampliar la jurisdicción del organismo con un equipo pericial propio.
Además, la iniciativa contempla la puesta en marcha del Programa “Defensoría Civil Descentralizada en Casa de Justicia” para facilitar el acceso judicial a sectores vulnerables de la población. Los diputados destacaron que estas casas se ubican en inmuebles municipales y promueven la resolución extrajudicial de conflictos, la conexión con la comunidad y el fortalecimiento de la Justicia local.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas. El ex intendente Hernán Ralinqueo se reunió con el Procurador Julio Conte Grand y expresó que éste se encuentra “sorprendido por la decisión unilateral del intendente Ramiro Egüen de rescindir mediante el decreto 934/24 el Convenio Marco de Colaboración Institucional suscripto entre la Municipalidad de 25 de Mayo y el Ministerio Público para el funcionamiento de la Ayudantía Fiscal”.
El ex jefe comunal añadió: “Ahora intentan justificar la creación de una fiscalía para cubrir esta decisión que ha provocado el rechazo generalizado de la sociedad de 25 de Mayo, pero es una falsedad”. Además, Ralinqueo aseguró que Conte Grand manifestó que la Procuración busca mantener los acuerdos vigentes y puso de relieve “la gravedad del asunto ya que las ayudantías fueron establecidas por ley”.
Dijo también que la Ayudantía Fiscal funciona en un inmueble propiedad de la Asociación Civil Hogar de Niños, arrendado por la Municipalidad de 25 de Mayo mediante contratos anuales, dentro de un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal. Desde enero de 2024 no se ha pagado el alquiler, causando un daño directo al propietario, añadió Ralinqueo.
En apoyo a esta postura, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes expresó su “profunda preocupación y rechazo categórico ante el posible cierre de la Ayudantía Fiscal ubicada en 25 de Mayo”. Esta alarma también fue manifestada por la Asociación de Abogados local y otros sectores sociales e institucionales.
Según informaron, el posible cierre proviene de la rescisión del convenio institucional mediante el Decreto Nº 934/2024, donde el Municipio aportaba el inmueble para su funcionamiento. De concretarse, sería un paso atrás significativo en el acceso a la justicia, perjudicando a la comunidad, al Ministerio Público Fiscal y a la profesión del derecho.
Finalmente, la Asociación Judicial Bonaerense solicitó al Municipio de 25 de Mayo la renovación del convenio con la Procuración General, la continuidad de la Ayudantía en su sede actual y la garantía de condiciones laborales y edilicias adecuadas. También reclamaron el compromiso institucional para asegurar un acceso a la justicia cercano, efectivo y digno para la comunidad.
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