Este lunes un grupo de vendedores ambulantes se movilizó hasta el Palacio Municipal de La Matanza para reclamar a las autoridades el cese de la persecución contra los vendedores del espacio público, el fin de los decomisos y de las detenciones, y el respeto al derecho de los trabajadores a ganarse dignamente el sustento.
La concentración tuvo lugar en las puertas del edificio municipal, donde los manifestantes expresaron su rechazo a los operativos de control que se vienen sucediendo en el distrito. El reclamo no es nuevo, pero adquiere una relevancia especial en un contexto donde la venta en la vía pública es para muchas familias la única forma de subsistencia.
Detrás de la demanda de los vendedores hay una realidad que los grandes medios suelen ignorar: la venta callejera es trabajo. Es el trabajo de quienes no encuentran un lugar en el mercado formal, de quienes necesitan alimentar a sus familias. Por eso, la persecución no es una simple cuestión de ordenamiento urbano; es una cuestión de derechos humanos.
Los puntos del reclamo son claros y contundentes:
- El cese de la persecución contra los vendedores del espacio público.
- El fin de los decomisos de mercadería.
- El fin de las detenciones.
- El respeto al derecho de los trabajadores a ganarse dignamente el sustento.
Cada uno de estos puntos refleja una práctica concreta que padecen a diario los trabajadores de la economía popular. El decomiso de mercadería no es solo una pérdida económica: es la destrucción del capital de trabajo de una familia. La detención no es solo un hecho policial: es la criminalización de la pobreza. Y la persecución sistemática es la negación del derecho más básico que tiene una persona: el derecho a trabajar para vivir.
La estigmatización de los vendedores ambulantes es parte del problema. Se los suele acusar de ocupar el espacio público o de competir con el comercio formal. Pero esas etiquetas ocultan lo esencial: son trabajadores que buscan ganarse el sustento. La venta en la calle es una respuesta a la falta de empleo, no una elección delictiva. Mientras los discursos oficiales insistan en criminalizarlos, el conflicto seguirá creciendo.
La movilización de este lunes en La Matanza debe ser leída como un llamado de atención a las autoridades. Los vendedores ambulantes no son delincuentes; son trabajadores que reclaman ser tratados como tales. La respuesta del municipio no debería ser más represión, sino políticas que reconozcan y regularicen la economía popular, garantizando condiciones dignas para quienes la integran.
La cita de los manifestantes resume el espíritu de la protesta: “el cese de la persecución contra los vendedores del espacio público, el fin de los decomisos y de las detenciones y el respeto al derecho de los trabajadores a ganarse dignamente el sustento”. Una demanda que, más allá de las respuestas inmediatas, interpela a toda la dirigencia política sobre el modelo de ciudad y de país que se quiere construir.
La movilización de los vendedores ambulantes en La Matanza es una muestra de que la organización popular sigue vigente como herramienta para hacer oír reclamos que el poder político y económico prefiere silenciar. En un país donde la precarización laboral avanza, la respuesta de los trabajadores es resistir y exigir derechos.
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