El abogado y dirigente Miguel Saredi analiza el debate por Ingresos Brutos y las tasas municipales, y advierte que detrás de las críticas al gobernador Axel Kicillof se esconde un problema estructural: la falta de recursos que la Nación le debe a la Provincia y a los municipios en un contexto de fuerte ajuste económico.
Ante una crisis económica sin precedentes, el ministro de Economía Luis Caputo, junto a cámaras empresariales y comunicadores oficialistas, intentan instalar una visión simplificada: que los impuestos provinciales —Ingresos Brutos en particular dentro de Buenos Aires— y las tasas municipales, como las viales, serían la principal dificultad para la economía.
Si bien en la recesión es más complicado afrontar tributos, el sistema impositivo argentino es conocido por su complejidad y distorsiones. Pero centrar el debate sólo en “bajar impuestos” sin discutir el financiamiento del Estado resulta incompleto y poco serio.
Reclamar reducciones es sencillo cuando la Nación concentra recursos, retiene transferencias y desfinancia a provincias y municipios. Para hablar de aligeramiento fiscal, primero debe entregarse lo adeudado; sin eso, sólo hay retórica.
El problema es estructural y surge desde décadas atrás: la Ley 23.548 de coparticipación, vigente desde 1988, asigna a las provincias el 54,66% de los fondos, y dentro de ese régimen Buenos Aires tiene un coeficiente fijo del 19,93%. Esto implica que, siendo la provincia más grande, con la mayor población y demanda social, no recibe recursos proporcionales a su economía.
Buenos Aires financia al país, pero no recibe lo justo.
En ese contexto, Ingresos Brutos se vuelve indispensable. Aunque reconocido como un impuesto distorsivo, es la principal fuente de financiamiento bonaerense, representando el 78,5% de la recaudación provincial en el presupuesto 2025, sosteniendo el Estado.
Este debate exige honestidad intelectual. Incluso industrias que críticas este impuesto admiten que el problema es su diseño: mientras la tasa legal para la industria es 1,5%, el efecto cascada eleva la carga efectiva al 4,7%, acumulándose en cada etapa productiva.
Este diagnóstico pide una reforma gradual y con compensación, consensuada con sectores productivos, no una reducción abrupta de impuestos sin reemplazo de recursos que sólo perjudicaría la competitividad y destrozaría el financiamiento estatal.
La industria bonaerense, que concentra el 49% del producto nacional, sufre caída de actividad, pérdida de empleo y cierres, contexto en el que la discusión tributaria no puede aislarse de la política económica nacional: apertura importadora, baja del consumo y ajuste fiscal.
Los municipios sufren un impacto similar. Se los cuestiona por las tasas viales que encarecen el combustible, pero se olvida que son consecuencia de la caída en la coparticipación y transferencias. Con menos recursos, los intendentes recurren a estas tasas para sostener salud, seguridad, infraestructura y servicios esenciales.
Incluso estaciones de servicio expresan preocupaciones y evalúan judicializar las tasas, pero el problema de fondo es la insuficiencia de recursos que obliga a los municipios a financiarse con estas cargas.
Además, una reducción abrupta de Ingresos Brutos afectaría también a los municipios, ya que según la Ley 10.559, reciben el 16,14% de la masa coparticipable, que incluye este impuesto; menos Ingresos Brutos implica menos fondos para hospitales, obras y servicios locales.
Por eso, el gobernador Axel Kicillof no defiende un impuesto, sino el funcionamiento estatal en uno de los territorios más complejos y demandantes del país.
El mensaje es claro: si la Nación quiere que se reduzcan impuestos provinciales y tasas municipales, primero debe cumplir sus compromisos, estabilizar las transferencias y abrir un debate serio sobre coparticipación.
No se trata de negar la necesidad de reformar el sistema tributario, sino de evitar soluciones simplistas que empeoren la situación.
Sin recursos no hay Estado. Y sin Estado, no hay desarrollo posible.
