Cristian Pereyra, docente de escuelas técnicas en La Matanza, fue asesinado durante un intento de robo mientras trabajaba como chofer para la aplicación DiDi en Virrey del Pino, en la madrugada del domingo. Su familia exige justicia y solicita colaboración para identificar testigos.
Cristian Eduardo Pereyra, de 39 años, se desempeñaba como docente en las escuelas técnicas N° 8 y 10 y complementaba sus ingresos trabajando como chofer de la app de viajes. La madrugada del domingo conducía un Chevrolet Corsa verde oscuro por la autopista Presidente Perón, en el barrio San Javier, mano a Ezeiza, cuando fue atacado a tiros.
Recibió tres disparos que le causaron la muerte en el acto. Fue detenido luego como sospechoso Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, agente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense, quien fue desafectado del cargo tras el hecho.
La investigación está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, bajo la carátula "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego". Se tomó declaración al pasajero que acompañaba a Pereyra y se pidió su arresto, confirmado por un juez.
En el lugar se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros, y el vehículo de la víctima fue encontrado en calles Coronel Espejo y El Airampu, en Ciudad Evita, a pocas cuadras de la base de la UTOI donde trabajaba el policía arrestado.
Pereyra era padre de una niña que cumplió 3 años a finales de 2025 y ejercía su vocación docente. Sus familiares expresaron el dolor y el reclamo de justicia por redes sociales:
"Por favor compartan, es mi hermano, lo mataron para robarle el auto. Por favor, se tiene que hacer justicia", escribió su hermana Victoria.
"A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató", lamentó su hermana Anahí, quien además alertó: "Los policías se van a cubrir entre ellos. Mi hermano hacía su extra en DiDi, el policía robando y matando".
Este caso conmueve a la comunidad educativa local y pone en evidencia la difícil realidad de muchas familias que deben complementar sus ingresos en la economía popular ante la falta de respuestas efectivas en seguridad y justicia en la provincia de Buenos Aires.
