Gremios docentes, autoridades académicas y estudiantes de las universidades públicas anunciaron una semana de paro nacional entre el 27 y 30 de abril, además de preparar una marcha federal por la falta de financiamiento que compromete la educación pública.
El sistema universitario público se encuentra en una situación crítica debido a la demora del Gobierno nacional en transferir los fondos para salarios y becas, a pesar de los fallos judiciales que exigen la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras un veto presidencial.
En medio de este conflicto, que evidencia la insuficiente atención del Ejecutivo actual al fortalecimiento de la educación pública, los referentes de rectorados, sindicatos y centros estudiantiles avanzan en la organización de una movilización federal.
Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, alertó que la política oficial responde a un modelo que ‘reduce el rol de la universidad pública’ y limita su función como herramienta de movilidad social, en un marco de deterioro presupuestario que afecta el funcionamiento y calidad educativa.
En un contexto en el que muchos docentes perciben salarios por debajo de la canasta básica y padecen una significativa pérdida de poder adquisitivo, las organizaciones gremiales exigen una recomposición salarial cercana al 55 % para recuperar los niveles de finales de 2023.
Mientras tanto, el Gobierno estudia alternativas para modificar el sistema financiero universitario, incluyendo un nuevo proyecto de ley con menor impacto fiscal y propuestas de aumentos salariales parciales y progresivos, opciones que despiertan preocupación en la comunidad educativa por el riesgo de nuevos recortes.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, advirtió que el sistema ‘ya no puede sostenerse en estas condiciones’, y señaló que la falta de financiamiento ocasiona la salida constante de docentes e investigadores, afectando tanto la calidad educativa como la producción científica nacional.
Este deterioro no solo afecta a las universidades, sino que también pone en riesgo la formación de profesionales esenciales, como médicos y científicos, lo cual impacta directamente en la salud pública y en la capacidad del país para responder a futuras emergencias sanitarias.
Las autoridades universitarias mantienen la disposición al diálogo pero remarcan que ‘cada día sin conversaciones es una oportunidad perdida’. De no concretarse avances, no descartan implementar nuevas medidas de protesta para visibilizar la crisis y exigir una solución urgente.
El llamado a la unidad y movilización busca recordarle al Estado la importancia de la educación pública como un derecho y una inversión fundamental para el desarrollo y la justicia social, en línea con los valores promovidos por nuestra gestión kirchnerista y la actual administración de Axel Kicillof y Mayra Mendoza.
