El 12 de mayo se realizará una movilización frente a la Casa Rosada que pondrá en el centro el reclamo por la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
Organizaciones estudiantiles, gremiales y académicas, integradas por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, anunciaron una Marcha Federal que buscará no solo defender la educación pública sino sumar a otros sectores sociales afectados por la coyuntura económica.
El presidente de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, señaló que la movilización aspira a superar el ámbito exclusivamente educativo para expresar un amplio descontento social frente a las dificultades de muchos sectores afectadas por la pérdida de ingresos y derechos, un escenario enlazado con la gestión del gobierno nacional.
El núcleo del reclamo está en la actualización de partidas presupuestarias de las universidades, salarios dignos para docentes y fortalecimiento de programas de asistencia estudiantil, puntos que según sus voces no se estarían cumpliendo, impactando negativamente en la infraestructura y la continuidad de actividades académicas y científicas en las universidades públicas.
Por su parte, el gobierno nacional ha rechazado la aplicación de la norma en sus términos actuales, esgrimiendo que la Ley de Financiamiento Universitario no cuenta con una fuente explícita de financiamiento y que su implementación tensionaría las finanzas públicas. En ese sentido, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para evitar la actualización de salarios y fondos universitarios, revocando fallos previos.
De acuerdo con informes del Ministerio de Economía, cumplir con la ley demandaría destinar más del 90% del presupuesto actual a gastos primarios, lo que a juicio oficial pondría en riesgo servicios estatales esenciales como seguridad, sistema judicial y funcionamiento legislativo.
En paralelo, el Gobierno además solicitó que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del caso por vínculos con el sistema universitario, apoyando una estrategia que busca suspender los efectos de decisiones judiciales en trámite mediante recursos cautelares.
En medio del debate político y judicial que atraviesa este tema, la convocatoria del 12 de mayo se erige como un punto de inflexión, con expectativa de una masiva participación y el fortalecimiento de la discusión pública sobre la necesidad de fortalecer la inversión en educación pública en tiempos de crisis.
