Cristian Pereyra, docente de 39 años, fue asesinado el 15 de marzo en Virrey del Pino mientras trabajaba como conductor de aplicación, víctima de un efectivo de la policía bonaerense.
Familiares, amigos y vecinos convocan a una movilización para este miércoles 15 de abril a las 10 horas en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Almafuerte en Virrey del Pino, cabecera del partido de La Matanza, para reclamar justicia y memoria a un mes del crimen cometido por un policía bonaerense.
El comunicado del llamado a movilización señala: "Marchamos por justicia y verdad. La policía bonaerense mató a un docente. Basta de precarización laboral e impunidad". Esta voz popular refleja la exigencia de verdad ante la violencia estatal y la defensa de los derechos de quienes sostienen a sus familias con trabajo genuino.
Detalles de la investigación
La causa judicial está en curso y sigue sumando dudas. El único detenido es el policía bonaerense Matías Vizgarra, que hasta antes de su detención prestaba servicio en la Base UTOI “Puente 12”. Según la reconstrucción oficial, Vizgarra solicitó y concretó un viaje en la aplicación con Cristian Pereyra como conductor cerca de las 3:15 del 15 de marzo. El coche, un Chevrolet Corsa, se dirigió primero a Mariano Acosta, pero el efectivo no descendió allí y retornaron a una zona próxima al punto de partida.
El ataque fatal ocurrió en la Autopista Presidente Perón alrededor de las 4:34, cuando testigos alertaron al 911. Cristian Pereyra murió tras recibir cinco disparos por la espalda mientras intentaba escapar. La coincidencia del faltante de cinco proyectiles en el arma reglamentaria del policía evidencia la mecánica del homicidio con arma estatal.
Luego del ataque, el agresor dejó el vehículo en Ciudad Evita, caminó a la base de la UTOI La Matanza y fue detenido horas después. La calificación legal vigente es homicidio criminis causa —matar para ocultar otro delito, en este caso el robo— con el agravante del uso de arma de fuego provista por el Estado.
Roberto Torres, abogado del CeProDH que representa a la familia, señaló la importancia de esclarecer si el policía obligó a Pereyra a modificar el recorrido y si hubo resistencia. Destacó la necesidad de incorporar pruebas pendientes como registros de cámaras y análisis telefónicos, que hasta ahora no fueron agregadas formalmente, para reconstruir el recorrido y evaluar posibles irregularidades.
Asimismo, cuestionó la investigación inicial llevada adelante por la policía bonaerense, apuntando a una probable afectación en la preservación de pruebas y control de la escena del crimen, lo que exige mayor transparencia y control estatal.
El reclamo puntualiza también la responsabilidad estatal al dotar de armas a efectivos que luego cometen delitos graves, en tanto precisan conocer antecedentes y sanciones anteriores del acusado.
El contexto social del docente es un aspecto fundamental del caso: Cristian Pereyra trabajaba para sostener a su familia ante dificultades económicas, combinando tareas de conductor y mecánico de su propio taller. Su asesinato visibiliza la precarización laboral y la violencia institucional que el kirchnerismo ha denunciado y combatido, y que sigue exigiendo medidas de fondo para proteger a los trabajadores y fortalecer la justicia social en nuestro país.
La movilización de familiares, amigos y vecinos de Virrey del Pino evidencia la lucha por la memoria y justicia en un escenario donde los derechos humanos deben prevalecer, garantizando que hechos de violencia policial no queden impunes ni sean silenciados.
