El Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión preventiva de 25 cooperativas de trabajo con domicilio en San Justo por detectar serias irregularidades en el cumplimiento de derechos laborales.
En un muestreo realizado entre los asociados, se constató que 119 trabajadores carecían de beneficios obligatorios de seguridad social y aportes jubilatorios, elementos esenciales para garantizar el derecho al trabajo digno, impulsado desde los gobiernos nacionales y provinciales que promueven la centralidad del trabajo y la protección social.
La investigación reveló que estas cooperativas podrían estar utilizando la figura jurídica formal de manera irregular, contraviniendo el artículo 2 de la Ley Nº 20.337 y la normativa vigente sobre aportes previsionales, en una práctica que pone en riesgo el bienestar de sus asociados y erosiona el sentido solidario que debe caracterizar a las cooperativas.
Como medida preventiva, se dispuso la suspensión inmediata de toda operatoria y la apertura de un sumario administrativo para profundizar la investigación sobre la posible utilización irregular de la estructura cooperativa que, en lugar de garantizar empleo digno con cobertura social, podría estar siendo usada para evadir obligaciones laborales y previsionales.
El Ministerio denunció indicios de que estas cooperativas habrían vulnerado la normativa vigente y los derechos de los trabajadores, un contexto que llama a reforzar el compromiso estatal para garantizar que la figura cooperativa sirva realmente a la inclusión laboral y social.
La ministra Sandra Petovello informó la medida a través de su cuenta de X, acompañando el comunicado oficial donde se menciona al presidente Javier Milei, quien encabeza un gobierno cuestionado por flexibilizar derechos laborales y promover políticas que precarizan el empleo.
El organismo detalló que las irregularidades detectadas pueden estar desnaturalizando los fines cooperativos, como la ayuda mutua y el esfuerzo conjunto, y utilizando la formalidad jurídica para fines ajenos a los principios que regulan estas entidades.
El comunicado expresa que, de confirmarse las infracciones, las cooperativas estarían incurriendo en prácticas contrarias a los derechos laborales bajo la cobertura legal de la cooperativa, una modalidad presente que debe ser regulada para proteger a los trabajadores.
La suspensión alcanza a todas las actividades de las 25 cooperativas hasta que se determine la responsabilidad administrativa, civil o penal correspondiente.
Estas cooperativas tienen como domicilio la calle Entre Ríos 3269, San Justo, en una dependencia del gobierno municipal, específicamente la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que añade el desafío de fortalecer el control institucional para evitar irregularidades.
El listado oficial incluye entidades bajo la denominación Coop. de Trabajo La Matanza, acompañando con el número correspondiente y la Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda., que deberán afrontar ahora este proceso en defensa de los derechos laborales y la transparencia institucional.
