El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, formalizó un severo ajuste presupuestario en el área de salud que supera los $63 mil millones. La medida, plasmada en la Decisión Administrativa 20/2026, se enmarca en la política de déficit cero que pregona la administración libertaria y golpea directamente sobre programas estratégicos como el acceso a medicamentos, los tratamientos oncológicos y las políticas sanitarias federales.
Uno de los programas más afectados es “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que sufrió una reducción de $20.000 millones, quedando con un presupuesto actual de $145.629 millones. A pesar de la magnitud de la cifra, la ejecución real apenas supera los $47.321 millones, lo que revela la subejecución crónica que ya afectaba a estas partidas esenciales para la población.
El desfinanciamiento también impacta de lleno en el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, con una pérdida cercana a los $25.000 millones. Este recorte compromete directamente a las provincias que dependen de esos recursos para sostener la atención primaria, la compra de insumos y la operatividad hospitalaria. Especialistas consultados advierten que la medida podría derivar en un colapso silencioso de los servicios básicos en los distritos más vulnerables.
En el área oncológica, la tijera fiscal recortó aproximadamente $5.000 millones, afectando programas de asistencia directa y detección temprana del cáncer. La decisión generó alarma entre organizaciones de pacientes y profesionales de la salud, que ya anticipan demoras en tratamientos y obstáculos para acceder a medicación de alto costo. Las políticas de prevención y tratamiento oncológico, que durante gestiones anteriores habían sido jerarquizadas, quedan así relegadas en un contexto de creciente demanda.
El INCUCAI, organismo clave en la coordinación de trasplantes, también recibió un hachazo: más de $831 millones menos en gastos corrientes y recursos de capital. La magnitud del ajuste pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema de ablación e implantes, así como la continuidad de los programas que salvan vidas a través de la donación de órganos.
A esto se suman los recortes en iniciativas dedicadas a VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, además de los programas de Salud Sexual y Procreación Responsable. Organizaciones sociales y referentes del sector sanitario manifestaron su honda preocupación por el posible desmantelamiento de campañas preventivas y la interrupción en la provisión de tratamientos esenciales para miles de personas. Mientras el Ejecutivo insiste en que el objetivo es “optimizar recursos”, el contexto de inflación y el aumento de la demanda asistencial dibujan un horizonte sombrío para la salud pública. Las consecuencias de esta motosierra presupuestaria, advierten especialistas, apenas empiezan a sentirse.
