La Justicia avanzó con la detención de Lucas Nahuel López, de 27 años, expareja de Leila Salomé Sosa, la oficial de policía que perdió la vida el sábado frente a la comisaría San Carlos de Isidro Casanova. La decisión se tomó luego de que la investigación reuniera pruebas contundentes que apuntan a un entramado de violencia de género previo al trágico desenlace.
Los hechos comenzaron cuando López se presentó en la dependencia para radicar una denuncia, señalando que Sosa había provocado daños en vehículos de su familia y en la vivienda. Mientras un agente recibía su exposición, la propia oficial llegó al lugar y aguardaba en la vereda para ofrecer su versión. Momentos después se oyó una detonación: Sosa se había efectuado un disparo con su arma reglamentaria.
De inmediato fue trasladada al Hospital Paroissien, donde ingresó sin signos vitales. En un principio, el fiscal de Homicidios Adrián Arribas dispuso las pericias y el secuestro del arma utilizada. Sin embargo, el caso dio un giro crucial cuando afloraron indicios de violencia de género en la relación entre Sosa y López, lo que motivó el pase de las actuaciones a la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.
La nueva línea investigativa puso el foco en el historial de la pareja. El informe preliminar de la autopsia reveló la existencia de equimosis en diversas partes del cuerpo de la mujer, lesiones que los pesquisas interpretaron como marcas compatibles con agresiones anteriores. A esto se sumó el peritaje sobre dispositivos electrónicos secuestrados, que aportó datos considerados de alto valor para la causa, aunque su contenido permanece bajo reserva judicial.
Con ese cuadro probatorio, la fiscalía imputó a López por el delito de lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y ordenó su detención inmediata. Durante la audiencia indagatoria, el imputado optó por el silencio y se negó a declarar.
El episodio sacudió a la comunidad de Isidro Casanova y reavivó el debate sobre las violencias extremas que siguen atravesando a mujeres incluso dentro de las fuerzas de seguridad. La causa, caratulada bajo la órbita de la fiscalía especializada, mantiene en el centro de la escena la responsabilidad de un entorno que, según los elementos recolectados, habría normalizado un círculo de ataques hasta la noche fatal.
«La pericia forense y la información extraída de los celulares fueron determinantes para cambiar la calificación del expediente y actuar con la premura que exigen los casos de violencia de género», señalaron voceros judiciales allegados al expediente.
Mientras avanza la instrucción, se espera la incorporación de nuevos testimonios y la profundización de los análisis técnicos sobre el arma y los dispositivos móviles. La detención de López intenta, al menos en el plano procesal, interrumpir la impunidad que con frecuencia ampara a los agresores en contextos de relaciones desiguales y violentas.
