Dos operativos contra vendedores ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires pusieron en discusión los controles sobre el espacio público. En La Matanza, comerciantes de barrio advierten que los trámites para habilitar y sostener kioscos y pequeños almacenes también les plantean dificultades.
A fines de octubre, un vendedor con discapacidad que ofrecía frutillas sobre la Avenida de Mayo, cerca del Congreso, fue rodeado por 14 efectivos, según registros de vecinos y periodistas. Durante el procedimiento se labró un acta contravencional y se secuestraron los cajones con mercadería.
Días antes, en Rivadavia y Acoyte, en Caballito, policías, patrulleros y motos rodearon a otro joven que vendía paltas y ajos sobre una caja de cartón. Parte de los productos quedó desparramada en la vereda. Vecinos filmaron la intervención, cuestionaron a los agentes y ayudaron al vendedor. Los videos, registrados por el periodista Fernando Borroni y difundidos ampliamente, mostraron el malestar de quienes cuestionaron la magnitud del despliegue.
Los episodios ocurrieron en el marco de la política de ordenamiento del espacio público de la gestión de Jorge Macri. El Gobierno porteño presenta el retiro de manteros, los controles a la venta ambulante y la recuperación de veredas como parte de su agenda de seguridad. Entre las acciones mencionadas están un operativo en la avenida Avellaneda, en Flores, con más de 500 agentes, y reformas al Código Contravencional que elevan las sanciones por ocupación indebida. Macri también incluyó esa línea de acción en discursos de 2026, durante la incorporación de nuevos policías.
El caso del Congreso tuvo repercusión nacional tras la intervención del diputado nacional Horacio Pietragalla Corti, quien forcejeó con efectivos para intentar evitar que secuestraran la fruta. Los episodios reavivaron la discusión sobre cómo distinguir una contravención de una actividad vinculada a la subsistencia.
En La Matanza, kiosqueros, comerciantes de barrio y dueños de pequeños almacenes describen otros obstáculos para trabajar. Señalan que la caída del consumo y la presión impositiva se combinan con los trámites de habilitación, las inspecciones y otros requisitos que consideran difíciles de cumplir.
Algunas familias que viven de sus comercios sostienen que, para regularizar su situación, deben presentar documentos que dependen de otras áreas estatales. Según plantean, esto provoca demoras y costos. No cuestionan la necesidad de controles bromatológicos ni de condiciones de seguridad e higiene, pero piden asistencia, canales accesibles y plazos razonables para completar los trámites.
Entre las medidas que esperan de las autoridades locales están revisar los procedimientos, simplificar las gestiones y permitir que los comercios se regularicen antes de una clausura, siempre que no haya un riesgo para la salud o la seguridad.
Los reclamos ponen el foco en la actividad comercial y el empleo de cercanía en el distrito. Los vecinos plantean que los controles también deberían facilitar el cumplimiento de las normas y no limitarse a inspeccionar.
Así, los operativos a vendedores ambulantes en CABA y las dificultades de los pequeños comercios matanceros confluyen en una discusión: cómo aplicar las reglas y, al mismo tiempo, permitir que quienes trabajan puedan encuadrarse en ellas.


