La Secretaría de Trabajo advirtió que podría iniciar un proceso sancionatorio contra los gremios docentes si durante el paro no se garantiza la prestación mínima del servicio educativo.
La medida de fuerza nacional volvió a profundizar este lunes la tensión entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales docentes. Mientras los gremios reclaman una instancia de negociación y cuestionan la falta de convocatoria a la paritaria nacional, el Ejecutivo puso en marcha controles para verificar el nivel de presentismo en las escuelas.
Desde el área laboral señalaron que podrían aplicarse sanciones a las entidades que impulsan la protesta si se comprueba que no se cumple con la cobertura mínima prevista para el funcionamiento del sistema educativo. La advertencia suma presión sobre el conflicto y abre un nuevo frente de disputa entre la administración nacional y los sindicatos del sector.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuestionó la decisión de realizar el paro y planteó que debe priorizarse el derecho de los estudiantes a recibir clases. En ese sentido, sostuvo que las provincias y los representantes gremiales deben volver a dialogar para intentar resolver el conflicto mediante la negociación.
El funcionario explicó que el Ejecutivo ordenó inspecciones en establecimientos educativos de distintas jurisdicciones para comprobar si se respeta el porcentaje mínimo de prestación establecido por la normativa vigente. Los controles estarán orientados a establecer si las escuelas alcanzan el nivel de funcionamiento exigido durante la medida de fuerza.
De acuerdo con lo señalado, si las inspecciones detectan que el presentismo no llega al 75%, se abrirá un procedimiento administrativo para analizar posibles sanciones contra las entidades gremiales convocantes. La medida coloca el foco sobre el cumplimiento de ese porcentaje y sobre la eventual responsabilidad de los sindicatos que participan de la protesta.
Entre las alternativas que podrían ser consideradas se encuentra incluso una eventual revisión de la personería gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Esa posibilidad elevó la tensión política y sindical en medio del conflicto, ya que la principal organización docente quedó en el centro de la advertencia oficial.
En el oficialismo sostienen que la educación es un servicio esencial y que, por ese motivo, durante las medidas de fuerza deben mantenerse niveles mínimos de funcionamiento. Con ese argumento, el Ministerio de Capital Humano había confirmado que realizaría inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para controlar el cumplimiento de la normativa vigente.
La estrategia del Gobierno combina el control del presentismo con la posibilidad de avanzar contra las entidades gremiales. Sin embargo, el reclamo docente no se limita a la discusión sobre la continuidad de las clases: CTERA también exige que se reabra un ámbito nacional de negociación para abordar la situación salarial y las condiciones del sistema educativo.
CTERA justificó el paro con el argumento de que no fue convocada a la paritaria nacional docente. Además, reclamó mejoras salariales, un aumento de la inversión educativa y la recuperación de ámbitos de negociación que, según la organización, son necesarios para abordar la situación del sector.
De este modo, el conflicto reúne dos discusiones centrales. Por un lado, el Gobierno sostiene que debe garantizarse una prestación mínima y que los estudiantes tienen derecho a recibir clases. Por el otro, los gremios defienden la medida de fuerza como una herramienta de reclamo frente a la falta de convocatoria a la paritaria nacional y a las demandas salariales y presupuestarias pendientes.
El conflicto se desarrolla durante el reinicio de las clases luego del receso invernal en varias provincias. Ese contexto volvió a poner en discusión el equilibrio entre el derecho a la protesta sindical y la continuidad del servicio educativo, mientras la amenaza de sanciones agrega tensión a una negociación que todavía no logra encauzarse.