La multitudinaria movilización del 3J congregó a miles de personas que, a once años del primer Ni Una Menos, renovaron el reclamo por respuestas inmediatas frente a la violencia de género y alertaron sobre el desmantelamiento de políticas públicas que habían significado un avance para mujeres y diversidades.
En el aniversario de la primera convocatoria, la plaza frente al Congreso Nacional volvió a colmarse de organizaciones sociales, sindicales y colectivos feministas. La consigna central fue la exigencia de medidas concretas para frenar la ola de femicidios, un reclamo que se sintió con renovada urgencia ante los recientes y conmocionantes asesinatos de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero.
La movilización expresó un extendido malestar por lo que las manifestantes consideran un retroceso en las estructuras del Estado destinadas a la protección y la asistencia. “La reducción de programas no es un ajuste técnico, es una condena a la desprotección para miles de mujeres”, se escuchó en el documento leído sobre el escenario principal. Las críticas más severas se dirigieron a la actual administración nacional, a la que acusan de vaciar las áreas con perspectiva de género y de debilitar la respuesta institucional.
El contraste con gestiones anteriores fue señalado por diversas oradoras que recordaron la importancia de haber contado durante años con políticas activas y presupuesto específico, logros que hoy, en su visión, están siendo desandados. Sin embargo, el tono predominante no fue la nostalgia, sino el llamado a la organización territorial para que las conquistas de la última década no queden escritas en el papel.
Las cifras oficiales que se difundieron durante la jornada subrayan la gravedad del contexto: en los primeros meses de 2026 ya se habían registrado más de un centenar de femicidios en el país, una estadística que ratifica la necesidad de mantener y profundizar los mecanismos de prevención y de acceso a la justicia. “Sin políticas sostenidas y sin un Poder Judicial que actúe con celeridad, estos números no van a bajar”, coincidieron varias referentes.
Al cierre de la marcha, entre cánticos y pañuelos verdes y violetas que volvieron a ondear con fuerza, se instaló el desafío de transformar la indignación colectiva en organización sostenida. El mensaje a once años del nacimiento de Ni Una Menos fue inequívoco: la violencia de género sigue siendo una deuda estructural de la democracia y miles exigen que el Estado deje de mirar para otro lado.
