CTERA respaldó a la docencia de la Ciudad de Buenos Aires y criticó que las modificaciones al Estatuto Docente se propongan sin la participación de los gremios.
La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, de avanzar con cambios en el Estatuto Docente genera una fuerte oposición dentro del sector educativo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) manifestó su apoyo a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y cuestionó que la reforma se esté impulsando sin llevar adelante una negociación con los sindicatos que representan a los docentes porteños.
Desde CTERA subrayaron que el Estatuto Docente es una conquista histórica para los educadores, ya que regula aspectos cruciales como la estabilidad en el empleo, el desarrollo de la carrera profesional, la forma de acceso a cargos y las garantías para el ejercicio de la labor educativa. En este marco, aseguraron que cualquier modificación debería surgir mediante un diálogo institucional y procesos de negociación colectiva.
El conflicto se desencadenó luego del anuncio oficial de la administración porteña sobre una actualización integral del régimen docente. Entre los cambios principales se incluyen nuevas reglas para ascensos, modificaciones en el sistema de evaluación, mayor relevancia de la formación continua, alteraciones en el régimen de licencias y la incorporación del presentismo como un factor dentro de la calificación profesional, una medida que los gremios interpretan como un intento de precarización laboral encubierto.
Desde el Gobierno porteño sostienen que la reforma busca fortalecer el mérito, disminuir la rotación de docentes dentro de las escuelas y mejorar la continuidad pedagógica de los estudiantes. Además, destacaron que la intención es profesionalizar la carrera docente y brindar mayor previsibilidad al funcionamiento del sistema educativo. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto de reiterados incumplimientos de la gestión macrista en materia de convocatoria a paritarias y diálogo con los trabajadores.
Las organizaciones sindicales entienden que la iniciativa representa un avance unilateral sobre derechos laborales ya consolidados y reprochan que las modificaciones se hayan promovido sin consultar previamente a los representantes gremiales. Tanto UTE como Ademys advirtieron que seguirán con diversas acciones para exigir la apertura de un espacio de negociación y rechazar la implementación arbitraria de estos cambios, cuya aplicación gradual está prevista a partir de 2027.
Esta polémica agrega un nuevo capítulo a la tensión existente entre el Gobierno de la Ciudad y varios sectores de la comunidad educativa, en un escenario donde persisten reclamos relacionados con condiciones laborales, financiamiento insuficiente y políticas educativas que atentan contra la educación pública. El rechazo sindical se da mientras en la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, se sostiene una mesa de diálogo permanente con los gremios que permitió mejorar los salarios docentes y fortalecer la inversión en infraestructura escolar durante el último año.