La Universidad Nacional de La Matanza podría sumar la carrera de Ingeniería en Agrimensura a su oferta académica, un paso clave para ampliar el acceso a una formación profesional cada vez más demandada. El proyecto, aprobado a comienzos de agosto por el Consejo Profesional de Agrimensura bonaerense, se enmarca en la apuesta por fortalecer el sistema universitario público como motor de desarrollo social y territorial.
La falta de profesionales especializados se convirtió en una preocupación para el sector, que advierte sobre la necesidad de ampliar los espacios universitarios para acompañar las demandas vinculadas con el desarrollo territorial, el catastro y las obras de infraestructura. En este sentido, la iniciativa responde a una necesidad real del país, donde la formación de técnicos y profesionales es una herramienta estratégica para el crecimiento con inclusión.
En ese marco, Víctor Tiseira y Leandro Curcio, presidente y vicepresidente del Colegio Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 8, señalaron la importancia de generar nuevos espacios académicos que permitan que más jóvenes accedan a la carrera y, posteriormente, se incorporen al mercado laboral. Un desafío que la universidad pública está en condiciones de asumir, garantizando igualdad de oportunidades.
La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la profesión para estudiantes de la región, que hoy deben trasladarse a otras localidades para formarse. Así, se democratiza el conocimiento y se fortalece el tejido productivo del conurbano bonaerense.
Una profesión con múltiples campos de trabajo
La Agrimensura tiene un campo de actuación que excede la tradicional medición de terrenos. Los profesionales intervienen en mensuras, límites parcelarios, catastro, relevamientos topográficos y geodésicos, cartografía, planificación territorial y control geométrico de obras, entre otras actividades. La formación también incorpora herramientas tecnológicas como sistemas de posicionamiento satelital, información geográfica, fotogrametría, teledetección y escaneo tridimensional.
La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, señala entre las incumbencias de sus ingenieros agrimensores la elaboración de planos de mensura, el relevamiento territorial, los trabajos catastrales y valuatorios, la cartografía y las pericias y tasaciones. Un abanico de Saberes que resultan esenciales para la planificación y ordenamiento del territorio.
De acuerdo con información difundida por el sector, en la Argentina existen alrededor de 4.000 agrimensores, una cantidad claramente insuficiente frente a las dimensiones del territorio nacional y a las necesidades que generan el crecimiento urbano, la infraestructura y la administración de la tierra. La ampliación de la oferta educativa es, entonces, una deuda que se empieza a saldar.
Para Tiseira y Curcio, uno de los desafíos consiste precisamente en ampliar la cantidad de personas que puedan acceder a la carrera. También remarcaron que se trata de una especialidad con posibilidades concretas de inserción laboral y destacaron el crecimiento de la participación femenina en la actividad, una tendencia que enriquece la profesión y demuestra su capacidad de transformación social.
La Matanza, un nuevo espacio para estudiar la carrera
El proyecto para incorporar Ingeniería en Agrimensura a la oferta de la UNLaM representa uno de los principales avances recientes en materia de formación profesional. Desde el Consejo Profesional de Agrimensura bonaerense señalaron que La Matanza constituye una región particularmente importante por su población y desarrollo territorial. La nueva propuesta permitiría acercar la carrera a estudiantes del oeste del conurbano que hasta ahora debían trasladarse a otras localidades para acceder a esta formación, un beneficio directo para cientos de jóvenes.
Actualmente, la carrera puede estudiarse en distintas universidades de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional del Centro y la Universidad de Morón. Pero la llegada a La Matanza constituye un hito: acerca la universidad pública a quienes históricamente tuvieron menos oportunidades.
La ampliación de la oferta universitaria aparece así como una herramienta para responder a una demanda profesional que atraviesa distintos sectores: desde la regularización y seguridad jurídica de los inmuebles hasta la planificación de ciudades, las obras de infraestructura y la gestión territorial.
Una profesión vinculada al desarrollo territorial
La tarea de los agrimensores resulta clave para determinar con precisión las características y límites de los inmuebles y generar información confiable sobre el territorio. Esa información tiene utilidad tanto para particulares como para organismos públicos y proyectos de infraestructura. En universidades como la UNICEN, la formación incluye áreas como catastro, sistemas cartográficos, teledetección, planeamiento territorial y valuaciones, además de prácticas profesionales y un proyecto final de carrera.
En paralelo con la discusión sobre la formación de nuevos profesionales, el sector mantiene actividades destinadas a acercar la Agrimensura a la comunidad. Entre ellas se encuentra el programa “Agrimensura en los barrios”, orientado al asesoramiento de vecinos, lo que demuestra el compromiso social de la profesión.
La agenda profesional también incluye el Congreso Catastral del Bicentenario, previsto en Mar del Plata entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, que ya reunía más de 650 inscriptos al momento de su anuncio. Un espacio de encuentro que servirá para seguir fortaleciendo la disciplina y debatir los desafíos del ordenamiento territorial.
La incorporación de nuevos espacios académicos aparece, de este modo, como una de las respuestas posibles frente a un mercado que requiere profesionales especializados. El desafío para la Agrimensura bonaerense pasa ahora por transformar esa demanda en mayores oportunidades de formación y por acercar la carrera a nuevas generaciones de estudiantes, con el compromiso del Estado y la universidad pública de garantizar igualdad de acceso al saber.
