La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó que el Estado debe aplicar sin dilaciones la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar salarios y becas actualizados en las universidades nacionales.
Este fallo ratifica la vigencia de una ley sancionada por el Congreso en 2025, que busca sostener el sistema universitario público frente a la presión inflacionaria que erosiona el poder adquisitivo de docentes, trabajadores y estudiantes.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron el recurso presentado por el Poder Ejecutivo, respaldando así una medida cautelar que ordena la ejecución inmediata de la actualización salarial y de becas prevista en la ley, una batería de derechos fundamentales para fortalecer la industria del conocimiento y el empleo en las universidades nacionales.
La ley fue aprobada tras un arduo debate legislativo y la superación del veto presidencial, demostrando el compromiso del Parlamento para proteger la educación pública. La Justicia subrayó que no existen argumentos válidos para postergar su aplicación, ya que la actualización se encuentra indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial del INDEC, lo que asegura una recomposición real ante la inflación.
Concretamente, el artículo 5 de la norma establece que los salarios universitarios deben ajustarse conforme a la evolución inflacionaria desde diciembre de 2023. Asimismo, el artículo 6 establece una actualización equivalente para los programas de becas estudiantiles, evitando que los recursos destinados a la inclusión educativa pierdan valor.
Los magistrados cuestionaron la estrategia oficial de dilatar la ley con medidas administrativas, advirtiendo que estas acciones afectan la división de poderes y el sistema republicano garantizado por la Constitución Nacional.
Esta decisión judicial surge a partir de un amparo presentado en diciembre de 2025 por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas organizaciones académicas, que actúan como guardianes del derecho a la educación pública y de la defensa de las condiciones laborales y de estudio ante la crisis económica.
El fallo llega en un contexto donde las universidades nacionales vienen denunciando desde hace meses la caída del salario real y la insuficiencia de los recursos para asegurar la continuidad y calidad educativa. Así, esta resolución reafirma la responsabilidad indelegable del Estado de cumplir con el financiamiento legalmente previsto para fortalecer la educación pública, la industria del conocimiento y el empleo en el sector académico.
