La Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo suspendió la medida cautelar que impedía la vigencia de gran parte de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, permitiendo la aplicación de más de 80 artículos mientras se evalúa el fondo del asunto.
Esta decisión revierte la resolución del juez Raúl Ojeda, quien a fines de marzo había bloqueado la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802) tras un planteo realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) que cuestionaba la constitucionalidad de varios puntos de la normativa.
Entre los artículos originalmente suspendidos figuraban medidas relevantes como la eliminación del principio “in dubio pro operario”, cambios en la responsabilidad empresarial vinculada a la tercerización, además de la implementación del banco de horas y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Expertos en derecho laboral advierten que estas disposiciones podrían modificar sustancialmente las relaciones entre empleadores y trabajadores en el país.
La reciente resolución judicial no es definitiva, pero otorga efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado, conformada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, dejando sin efecto la cautelar mientras se resuelve el litigio principal, lo que implica que los artículos cuestionados vuelven a aplicarse de manera provisional.
El criterio adoptado por la Cámara generó debate en el ámbito judicial, dado que este tipo de medidas precautorias suelen poseer un carácter provisional y no es habitual que se les conceda efecto suspensivo.
Desde el Gobierno, la decisión fue celebrada como un apoyo institucional a la reforma laboral, con expresiones de satisfacción por parte de Javier Milei en redes sociales, donde destacó que la normativa busca impulsar el crecimiento económico y la modernización del mercado de trabajo. Asimismo, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que los intentos por impedir la vigencia de la reforma no prosperaron, aunque especialistas señalan que el tribunal no se pronunció sobre el fondo del caso.
En contraposición, la CGT emitió un comunicado rechazando la suspensión de la cautelar y advirtiendo que esta medida “perjudica gravemente a los trabajadores” ya que habilita la aplicación de disposiciones que, según la central obrera, debilitan las protecciones laborales. Además, alertaron que la resolución podría contradecir precedentes de la Corte Suprema que reconocen la tutela preferente hacia los trabajadores por su situación de vulnerabilidad.
En paralelo, el Ejecutivo continúa con una estrategia judicial diversificada para respaldar la reforma, que incluye la apelación de la cautelar en el fuero laboral, la solicitud de traslado del caso al fuero contencioso administrativo y un recurso de “per saltum” para que intervenga directamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este conjunto de acciones revela la importancia que la reforma laboral tiene en la agenda oficial, en medio de un contexto donde el Gobierno busca avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.
El futuro de la ley sigue siendo incierto, ya que la discusión sobre su constitucionalidad y alcance definirá si las modificaciones introducidas se consolidan o vuelven a quedar suspendidas.
