La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció como fecha límite el 10 de junio para que la ANSES presente una propuesta formal de pago por la deuda que mantiene con el sistema previsional de la Provincia de Buenos Aires.
Esta medida se da en el marco del reclamo del gobernador Axel Kicillof y su equipo, que junto a representantes de la ANSES y el Ministerio de Economía nacional participaron de una audiencia para avanzar hacia una instancia resolutiva respecto de la millonaria deuda previsional que supera los 2 billones de pesos.
Desde la Provincia destacaron que este paso es fundamental debido a que la deuda se encuentra sin solución desde hace más de dos años, afectando directamente la financiación de las jubilaciones bonaerenses. La audiencia permitió fijar un compromiso para que ANSES presente antes del 10 de junio una oferta detallada con montos y condiciones de pago.
El reclamo bonaerense incluye anticipos no actualizados, diferencias en transferencias vinculadas al déficit previsional y sumas pendientes de ejercicios anteriores, totalizando aproximadamente 2,2 billones de pesos. Esta situación refleja las dificultades que atraviesa la Provincia, agravadas además por la caída en la recaudación, la reducción de fondos discrecionales y la paralización de la obra pública nacional.
Desde la gestión de Kicillof cuestionaron el decreto nacional que modificó el esquema de financiamiento de las jubilaciones, considerándolo carente de fundamentos adecuados y señalando la importancia de respetar los compromisos asumidos para cuidar los derechos de los trabajadores jubilados.
Asimismo, el gobierno bonaerense puso en debate la distribución estructural de recursos en el régimen de coparticipación federal, históricamente desigual. Buenos Aires aporta una porción significativa de la recaudación nacional pero recibe menos en términos de distribución, lo que afecta la capacidad para sostener políticas sociales y de empleo.
En este contexto, el ejecutivo bonaerense amplió las asignaciones para políticas sociales, reforzando programas como el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que beneficia a millones de estudiantes, priorizando la educación pública y la protección social frente a recortes nacionales en medicamentos y asistencia alimentaria.
Además, se impulsaron acciones judiciales por parte de sectores vinculados a la Provincia, con la presentación de un amparo para exigir la actualización de los ingresos de los trabajadores incluidos en programas nacionales, acompañando la pelea por ajustes dignos y protección social.
De cara a la audiencia crucial del 10 de junio, la Provincia mantiene firme la exigencia a la Nación para que cumpla con sus obligaciones financieras y garantice fondos esenciales para la jubilación de sus trabajadores, en defensa de los derechos sociales y la industria nacional que sostiene ese sistema.
