En un escenario nacional donde los jubilados son uno de los sectores más golpeados por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, la administración del gobernador Axel Kicillof puso en marcha un operativo de alivio fiscal para fortalecer la protección de los adultos mayores. El plan busca detectar y asistir a unos 17.000 jubilados y pensionados bonaerenses que, pese a poder acceder a exenciones en el Impuesto Inmobiliario, aún registran deudas por este tributo.
La iniciativa, que refuerza el perfil de un Estado presente y cercano, es coordinada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Instituto de Previsión Social y los distintos municipios. El objetivo es claro: eliminar las barreras burocráticas que impiden que este derecho, ya contemplado en la legislación provincial, se haga efectivo para todos.
Se estima que el monto total adeudado por este grupo de contribuyentes asciende a aproximadamente 798 millones de pesos. Para poner esta cifra en perspectiva, basta recordar los más de 32.000 millones de pesos que el gobernador Kicillof destinó recientemente a la asistencia social directa, demostrando una clara prioridad en la inversión del presupuesto bonaerense.
El programa no solo regularizará la situación actual, sino que también contempla la posibilidad de condonar obligaciones retroactivas de hasta cinco años para quienes hubieran cumplido los requisitos en ese período, además de garantizar la exención a futuro. La atención será personalizada, con jornadas descentralizadas y un fuerte apoyo territorial para acompañar a cada beneficiario en el trámite, que también puede iniciarse de forma digital mediante la Clave de Identificación Tributaria (CIT).
Para acceder al beneficio, los jubilados y pensionados deben ser propietarios, usufructuarios o poseedores de una única vivienda utilizada como residencia familiar. Los requisitos establecen, entre otros puntos, que los ingresos del grupo familiar no pueden superar los dos haberes mínimos y que la valuación fiscal del inmueble no exceda los límites legales.
Actualmente, más de 35.000 jubilados y pensionados ya gozan de esta exención en la provincia de Buenos Aires. Con este nuevo operativo, el gobierno de Kicillof reafirma su decisión de ampliar la base de beneficiarios y proteger los ingresos de los sectores más vulnerables en un contexto donde, a contramano de las políticas de ajuste nacional, se elige priorizar a quienes construyeron el país con su trabajo.
