El abogado y dirigente Miguel Saredi analiza el debate sobre Ingresos Brutos y las tasas municipales, señalando que las críticas al gobernador Axel Kicillof están vinculadas a un problema estructural: la falta de recursos que la Nación debe a la Provincia y a los municipios, en un contexto de ajuste económico.
En medio de una crisis económica sin precedentes, el ministro de Economía Luis Caputo, junto a cámaras empresariales y comunicadores oficialistas, han promovido la idea de que los principales problemas del país derivan de los impuestos provinciales —en particular Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires— y las tasas municipales, como las que afectan al combustible.
Si bien afrontar impuestos en un contexto recesivo es complejo, y el sistema tributario argentino presenta distorsiones que requieren reformas, reducir el debate a “bajar impuestos” sin considerar el financiamiento estatal resulta insuficiente.
Es fácil reclamar menores impuestos cuando la Nación concentra recursos, reduce transferencias y desfinancia a provincias y municipios. Por tanto, si el gobierno nacional pretende una reducción de impuestos provinciales y tasas municipales, primero debe devolver los recursos adeudados; sin eso, los reclamos carecen de sustento real.
El problema central es un sistema de coparticipación injusto que persiste desde décadas. La Ley 23.548, vigente desde 1988 como régimen “transitorio”, asigna el 54,66% de los fondos a las provincias y fija para Buenos Aires un coeficiente del 19,93%. Esto significa que la provincia más grande y con mayores demandas sociales no recibe fondos proporcionales a su peso económico.
Buenos Aires financia al país pero no recibe lo que le corresponde.
Ante esta realidad, Ingresos Brutos se convierte en una herramienta esencial. Aunque reconocido como un impuesto distorsivo, es la principal fuente de financiamiento provincial, proyectando un 78,5% de participación en la recaudación del presupuesto bonaerense para 2025.
Se requiere un debate con mayor profundidad. Incluso industriales bonaerenses, críticos del impuesto, reconocen que el problema radica en su diseño, no solo en la tasa. Un informe reciente señala que aunque la alícuota legal para la industria es del 1,5%, la carga efectiva asciende a 4,7% por el “efecto cascada”, acumulación del impuesto en la cadena productiva.
Este diagnóstico es válido y demanda atención, pero confirma que la solución no es una caída abrupta de impuestos sino un diseño gradual con compensaciones fiscales, tal como proponen sectores productivos. Una baja súbita sin reemplazo provocaría desfinanciamiento y no mejoraría la competitividad.
La industria bonaerense, responsable del 49% de la manufactura nacional, enfrenta caída de actividad, pérdida de empleo y cierres de empresas. Por eso, el debate tributario debe enmarcarse en la política económica nacional, marcada por apertura importadora, caída del consumo y ajuste fiscal.
Situación similar viven los municipios. Aunque se cuestionan las tasas viales que encarecen el combustible, se omite que surgen ante recortes de recursos. Con menores fondos por coparticipación y caída económica, los intendentes recurren a estas tasas para sostener servicios básicos.
Estaciones de servicio han manifestado preocupación y estudian acciones judiciales, pero el problema es el escenario que genera estas tasas: municipios que deben mantener salud, seguridad, infraestructura y servicios sin respaldo financiero suficiente.
Reducir abruptamente Ingresos Brutos no solo impactaría a nivel provincial, sino también municipal. Según Ley 10.559, los distritos reciben el 16,14% de la masa coparticipable, incluyendo este impuesto. Disminuirlo implica menos recursos para hospitales, obras y servicios locales.
Por tales razones, el gobernador Axel Kicillof no defiende el impuesto por sí mismo, sino la sustentabilidad del Estado en uno de los territorios con mayores exigencias sociales del país.
El mensaje es claro: si la Nación quiere reducir impuestos provinciales y tasas municipales, primero debe cumplir con sus compromisos, estabilizar transferencias y abrir un debate serio sobre la coparticipación.
No se niegan los problemas del sistema tributario, pero se rechazan soluciones simplistas que agravarían la situación.
En definitiva, sin recursos no hay Estado, y sin Estado no es posible el desarrollo.
