El Gobierno nacional se vio obligado a postergar hasta 2027 la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un cuestionado mecanismo incluido en la Ley 27.802 de Modernización Laboral que buscaba reemplazar el tradicional sistema de indemnizaciones por despido. La decisión expone las serias dudas sobre la viabilidad de una reforma que, desde su anuncio, fue denunciada por especialistas como una amenaza a los derechos de los trabajadores.
Aunque la entrada en vigencia estaba prevista para el 1° de junio, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió suspenderla de inmediato. El motivo fue lapidario: los propios informes internos del Palacio de Hacienda revelaron que la iniciativa provocaría un agujero fiscal de aproximadamente 4,5 billones de pesos anuales en las cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), justo en un contexto donde se aplica un feroz ajuste del gasto público y la recaudación se desploma por la recesión.
El fallido proyecto, promocionado por sectores vinculados al exministro Federico Sturzenegger, proponía que los empleadores derivaran sus aportes a fondos fiduciarios privados en lugar de afrontar las indemnizaciones. Esta arquitectura no solo vaciaba de recursos al sistema de seguridad social, sino que según admitieron fuentes oficiales, carecía de definiciones claras sobre controles, funcionamiento y, lo más grave, las garantías para los trabajadores ante posibles incumplimientos patronales.
La postergación desnuda también las profundas tensiones dentro del gabinete nacional entre quienes impulsan una desregulación laboral a ultranza, sin medir las consecuencias sociales, y quienes desde el Ministerio de Economía advirtieron el inminente deterioro de las cuentas previsionales que esta medida provocaría. Resulta llamativo que un gobierno que pregona el
