El próximo 2 de abril, las cinco fuerzas de seguridad nacionales protagonizarán una protesta inédita frente al edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional.
Esta convocatoria, bautizada como un "abrazo solidario", reúne a integrantes de la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes buscan visibilizar la crítica situación salarial y el deterioro en la atención de salud que enfrentan los efectivos.
El reclamo principal gira en torno a los bajos salarios que, según denuncian los propios agentes, quedaron rezagados frente a la inflación y el aumento del costo de vida, llevando a numerosos trabajadores y sus familias a la vulnerabilidad económica. En muchos casos, el sueldo no alcanza para cubrir las necesidades básicas, lo cual obliga a buscar ingresos adicionales fuera del servicio policial.
Además, se pone en relieve el empeoramiento significativo en la cobertura de salud para el personal activo y sus familiares, con demoras en la atención, la falta de prestadores y en ciertas situaciones la suspensión de prestaciones médicas.
Estos reclamos no son nuevos: diversas movilizaciones provinciales y presentaciones oficiales vienen denunciando desde hace meses la precarización laboral que afecta a estas instituciones fundamentales para la seguridad y el estado de derecho.
Desde el gobierno provincial y nacional se reconoce la existencia de tensiones, atribuyéndolas a las políticas de ordenamiento del gasto público impulsadas desde la gestión económica. Sin embargo, la falta de respuestas concretas genera incertidumbre y podría profundizar el conflicto.
Este escenario pone en evidencia la necesidad de sostener y reivindicar la importancia del empleo público y las condiciones dignas para quienes protegen a la sociedad, un punto clave para avanzar en una Argentina que apuesta a fortalecer su industria nacional y el desarrollo social.
