La aprobación del contrato representa un avance fundamental en la transferencia de AySA a manos privadas, priorizando inversiones, tarifas y la continuidad del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, el modelo contractual que regirá la futura concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Este paso forma parte de una nueva etapa en la reconfiguración del sistema de servicios públicos.
Esta medida se enmarca dentro de la Ley Bases, que habilitó a AySA para su privatización, y se complementa con el Decreto 494/2025, que autorizó la venta del paquete accionario para permitir la participación de capitales privados en la gestión del servicio.
El esquema prevé la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, que será seleccionado a través de una licitación pública con alcance nacional e internacional. El porcentaje restante posiblemente se colocará en los mercados financieros locales, buscando diversificar la composición accionaria y captar inversiones.
Desde el Ejecutivo aclararon que, aunque el nuevo contrato no modifica la modalidad de concesión vigente, introduce cambios estructurales para mejorar la previsibilidad y la claridad normativa. En este sentido, se definen de forma detallada las responsabilidades del Estado y del futuro concesionario.
Un aspecto central es la obligación de cumplir con el Plan de Acción de Transición 2024-2026, que establece objetivos operativos e infraestructura. Estos objetivos serán la base para el primer ciclo tarifario, que irá de 2027 a 2031 y permitirá vincular las tarifas con compromisos específicos de inversión.
El Gobierno enfatizó que el proceso debe asegurar la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye la Ciudad y 26 municipios del conurbano. Además, destacó que la licitación se realizará bajo criterios de transparencia y competencia para maximizar la participación de oferentes.
En términos económicos, la iniciativa busca atraer capital privado en un contexto de limitaciones fiscales, trasladando parte de las necesidades de financiamiento al sector inversor. Expertos del sector mencionan que el éxito de la concesión dependerá en gran medida del esquema tarifario y las exigencias de inversión que establezca el contrato.
Con el modelo contractual ya aprobado, el siguiente paso consiste en convocar a la licitación, decisiva para determinar quién asumirá la gestión de uno de los servicios públicos más sensibles del país.
