Miguel Saredi expuso la contradicción del Gobierno nacional: mientras el discurso oficial reivindica el rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sus integrantes figuran entre los trabajadores con mayores índices de morosidad. Para el dirigente, no puede hablarse de una verdadera política de seguridad si quienes cuidan a los argentinos no llegan dignamente a fin de mes.
En su análisis, Saredi señaló que en la Argentina se discute cada vez más sobre seguridad y defensa, pero existe una brecha insoslayable: la situación económica de esos hombres y mujeres es alarmante. Los números que difundió son elocuentes: el Ejército registra un 29,3% de morosidad, el Servicio Penitenciario un 28,1%, la Policía Federal un 23,8% y la Gendarmería un 23,6%. También aparecen la Prefectura Naval con 21,5%, la Fuerza Aérea con 21,2% y la Policía de Seguridad Aeroportuaria con 20,6%.
El promedio de morosidad del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ronda el 25%, muy por encima del conjunto de los empleados del Estado nacional. Detrás de cada porcentaje hay un hombre o una mujer que cumple horarios, asume riesgos y, en muchos casos, arriesga su vida para proteger a los demás. Hay efectivos que patrullan calles, custodios en penales, gendarmes en fronteras, prefectos en ríos y mares, y personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidades estratégicas.
¿Puede un país hablar seriamente de seguridad y defensa cuando quienes deben garantizarlas tienen dificultades para cubrir sus gastos básicos? La respuesta de Saredi es contundente: no. El endeudamiento familiar no surge de la noche a la mañana; es la consecuencia de ingresos que no alcanzan ante el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Cuando esa realidad afecta a una proporción significativa de las fuerzas, deja de ser un problema individual para convertirse en un problema institucional y de política pública.
El dirigente denunció un evidente doble discurso: se reivindica públicamente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero no se les brinda una respuesta acorde con la responsabilidad que se les exige. No alcanza con declaraciones; se necesitan hechos: salarios dignos, capacitación, equipamiento, condiciones laborales adecuadas y una política integral que contemple a las familias de quienes cumplen estas funciones. La seguridad no comienza solo cuando un efectivo sale a patrullar, sino cuando ese trabajador sabe que puede sostener a su familia y proyectar su futuro sin quedar atrapado en una espiral de deudas.
Lo mismo ocurre con la defensa nacional: una Nación que pretende recuperar capacidades estratégicas debe comprender que el recurso humano es uno de sus principales activos. Por eso, los porcentajes difundidos deberían generar preocupación en todos los sectores políticos. 29,3% de morosidad en el Ejército. 28,1% en el Servicio Penitenciario. 23,8% en la Policía Federal. 23,6% en Gendarmería. No son simplemente cifras; son trabajadores argentinos que necesitan respuestas.
La Argentina necesita una política de seguridad seria y una política de defensa nacional a la altura de sus desafíos. Pero ninguna puede construirse sobre trabajadores empobrecidos. Defender a las Fuerzas Armadas y de Seguridad también significa defender su dignidad, sus salarios y el bienestar de sus familias. No hay seguridad ni defensa nacional con salarios de pobreza, concluyó Saredi.