Una investigación que involucró operativos en varias unidades penales de González Catán permitió la detención de 24 personas relacionadas con una banda dedicada a extorsionar víctimas mediante perfiles falsos creados en un sitio de citas y amenazas con datos íntimos.
Esta organización delictiva operaba desde las cárceles números 43, 24, 58 y 40, contando con la colaboración tanto de personal policial como del Servicio Penitenciario. A través de la red social Telegram, adquirían bases de datos personales para suplantar identidades y realizar llamadas fingiendo ser responsables de una página web.
Bajo amenazas que incluían atentados contra familiares y la difusión de imágenes privadas, exigían dinero a las víctimas. Para el cobro, coordinaban encuentros en La Matanza donde recibían efectivo, además de utilizar cuentas de transferencia CVU y cuentas mulas.
La banda implementó modalidades delictivas como vishing, secuestro virtual y "cuento del tío", y se estima que movilizaron montos que oscilan entre 13 y 30 millones de pesos por cada cuenta involucrada.
La investigación, que califica la situación como una asociación ilícita, comenzó tras la denuncia realizada el 7 de abril por una víctima que había entregado 10 mil dólares y 3 millones de pesos a los extorsionadores.
Los primeros allanamientos tuvieron lugar el 22 de abril con la detención de dos sospechosos y el secuestro de teléfonos celulares. Cinco días después, se arrestó a un interno de la Unidad 43, desde donde se constataron llamadas extorsivas realizadas con teléfonos móviles irregulares.
El análisis de estos dispositivos confirmó que los perfiles falsos fueron creados dentro de las prisiones, y que las transferencias de dinero iban destinadas a internos, familiares y funcionarios del Servicio Penitenciario.
Entre los detenidos se encuentran, además, un oficial de la Policía Bonaerense y dos empleados del Servicio Penitenciario, señalados por facilitar la operación criminal desde el interior de las cárceles.
Esta causa está bajo la jurisdicción de la UFIJ 5 y el Juzgado de Garantías 1 de La Matanza, y refleja la necesidad de fortalecer la seguridad y control en las instituciones penitenciarias para proteger a la sociedad y preservar los derechos humanos.
