Familiares, profesionales de la salud y organizaciones sociales presentaron denuncias legales contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por el deterioro del sistema de atención a personas con discapacidad. Las denuncias califican la situación como abandono de persona, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, en medio de recortes en prestaciones, falta de medicamentos y paralización de servicios esenciales.
La crisis que atraviesa este sector llevó a distintos colectivos vinculados a la discapacidad, prestadores y familias a reclamar judicialmente con el respaldo del abogado especializado en derechos humanos Javier Garin. Además, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan también elevó su reclamo a la Justicia, alertando por la situación en uno de los centros pediátricos más importantes del país.
Según los denunciantes, la política oficial ha producido una reducción o suspensión de servicios clave. Entre los problemas más graves mencionan la ausencia de medicamentos de alto costo, demoras en tratamientos y terapias, además de la desarticulación de espacios de acompañamiento para personas con discapacidad.
El conflicto se agrava frente al incumplimiento de la llamada Ley de Emergencia en Discapacidad, que aunque fue aprobada no fue implementada plenamente, pese a fallos judiciales que ordenaban su aplicación.
En el plano sanitario, profesionales del Garrahan advierten que el deterioro afecta a niños, niñas y adolescentes que dependen del sistema público para mantener su calidad de vida o incluso su supervivencia. La falta de insumos, la reducción de personal y las demoras en estudios complejizan aún más la situación.
Un ejemplo concreto es el del Hogar Promover, en el barrio porteño de Flores, que alberga a 18 jóvenes con patologías complejas. Allí denuncian dificultades para seguir operando debido a la falta de pagos por prestaciones desde fines del año pasado, lo que provocó atrasos salariales y riesgo de cierre.
Mientras se presentan estas denuncias, el Gobierno avanzó con un proyecto de ley denominado “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, que busca modificar el sistema actual. Esta propuesta plantea eliminar criterios de universalidad para acceder a prestaciones y establecer que recibir una pensión sea incompatible con el empleo formal.
También se propone un reempadronamiento obligatorio para beneficiarios, quienes deberán actualizar su situación en 90 días bajo amenaza de suspensión. Además, se pretende fijar los montos de las pensiones en un porcentaje del haber jubilatorio mínimo, sin ajustes adicionales por condiciones de cada persona.
Organizaciones sociales y referentes del sector advierten que estas iniciativas podrían aumentar la vulnerabilidad de miles de personas, dado que los costos vinculados a la discapacidad, como tratamientos, transporte y asistencia, superan cualquier ingreso básico.
Las denuncias se encuentran en distintas fiscalías en proceso de análisis, mientras familiares y trabajadores convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud para visibilizar la crisis y reclamar respuestas inmediatas.
