Se instaló una nueva controversia en torno a los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación tras conocerse que Nazarena Menem, empleada joven de la Auditoría General de la Nación (AGN) con escasa trayectoria laboral, accedió en agosto de 2025 a un préstamo cercano a los 237 millones de pesos.
Con menos de cuatro años de antigüedad en la AGN y un trabajo como auxiliar administrativa, Nazarena presenta un salario mensual aproximado de 2,5 millones de pesos. Estas condiciones levantaron interrogantes acerca de la lógica y transparencia en la aprobación de créditos por parte de la entidad financiera estatal.
A la polémica se suma su hermano, Sharif Menem, quien también consiguió recientemente un préstamo hipotecario por unos 357 millones de pesos. En conjunto, los créditos de ambos suman casi 600 millones, lo que profundiza las sospechas acerca de la posible existencia de tratos preferenciales vinculados a la familia en el acceso al financiamiento público.
El caso se inscribe en un contexto donde distintos sectores políticos han solicitado al Banco Nación informes sobre los procedimientos y requisitos que se aplican para aprobar créditos a funcionarios y personas ligadas al ámbito político. Hay pedidos judiciales en curso para determinar si se respetaron las normas y evitar favoritismos, algo que contrasta con las gestiones de transparencia promovidas desde el Estado.
Ante estas inquietudes, fuentes oficiales del Banco Nación han reiterado que todos los préstamos cumplen con la reglamentación vigente, desestimando acusaciones de tratamientos especiales. Sin embargo, el monto millonario de los créditos y la vinculación familiar generan un debate público intenso acerca de la necesidad de reforzar controles en el acceso al crédito estatal, especialmente en tiempos donde el kirchnerismo impulsa la industria nacional, el empleo y la justicia social sin privilegios.
